La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) estableció que en República Dominicana no existe verdadero control ni fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas ni de las candidaturas, a pesar de lo que ordena la ley y frente a una campaña electoral en la que se invirtieron grandes sumas de dinero.

Señala que uno de los rasgos más notorios del pasado proceso electoral fue la masiva distribución de dádivas y asistencia a la población por parte de distintas agrupaciones y actores políticos.
Destaca que aunque la Junta Central Electoral (JCE) indicó que los montos destinados a “ayuda humanitaria” debían ser considerados dentro de los topes de gastos de campaña, a la luz de la legislación vigente, la entrega de alimentos, medicinas, combustible y materiales de construcción, atención médica y hasta de vuelos de repatriación no se encuentran enumerados en los gastos permitidos “y más bien podrían catalogarse dentro de los comportamientos expresamente prohibidos”.

«La falta de acción de las autoridades en esta materia, al igual que frente a múltiples denuncias de uso de recursos públicos con fines electorales, refuerzan la necesidad de otorgar a la persecución penal electoral mayores herramientas para hacer valer el catálogo de prohibiciones que contempla la legislación», apunta en su informe sobre las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio.

La misión destaca la creación de una plataforma para facilitar la recepción de los informes financieros de las agrupaciones y actores. Sin embargo, comprobó que a la fecha de su informe solo 24 de las 35 organizaciones entregaron sus presupuestos de 2020. Y solo cinco de los seis candidatos presidenciales presentaron sus informes de ingresos y egresos, pero sin cumplir con los formatos establecidos y se encuentran incompletos, faltando en la gran mayoría el listado de contribuyentes.

Fondos. Respecto a la contribución estatal, la MOE notó que la Ley Electoral no precisa el procedimiento mediante el cual se computa la partida presupuestaria asignada a los partidos. «Esto genera imprevisibilidad y podría dar cabida a una eventual discrecionalidad al momento de asignar recursos», advierte.

La Misión reitera que el mecanismo de distribución de financiamiento público directo beneficia de manera desproporcionada a los partidos mayoritarios y acentúa la inequidad, otorgando en el proceso pasado el 80% del aporte estatal a cuatro de 26 organizaciones.

También afirma que la ausencia de reglas para la distribución de los recursos estatales a lo interno de las organizaciones, se traduce en la práctica en una inyección prioritaria de recursos a la campaña presidencial, con lo que muchas candidaturas congresuales deben financiarse con contribuciones privadas. “Esto genera una ventaja electoral para aquellos candidatos con mayor acceso a financiamiento privado y aumenta el riesgo de corrupción, tráfico de influencias y penetración de fondos provenientes de actividades ilícitas”, señala la misión, y aconseja varias mejoras.