MANAGUA (AFP).- La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Congreso de Nicaragua que respete un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que ordenó suspender la ratificación de una reforma constitucional que limita los poderes del presidente Enrique Bolaños.

La OEA «toma nota de la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia del día 6 de enero del 2005, en cuanto a que la Asamblea Nacional de Nicaragua suspenda los procedimientos de ratificación de las reformas constitucionales aprobadas en Primera Legislatura el 25 de noviembre del año 2004», señaló el organismo en un comunicado, divulgado este sábado en Managua.

La Corte centroamericana ordenó el jueves al Congreso nicaragüense abstenerse de ratificar un proyecto de reformas constitucionales, tras admitir una demanda que el gobierno de Bolaños promovió contra el proyecto del parlamento de reducir sus poderes presidenciales.

El viernes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua dijo que no acataría la decisión de la CCJ, por considerar que la corte regional no tiene competencia para conocer un conflicto que está siendo dilucidado por la justicia nicaragüense, por petición del propio presidente.

Bolaños solicitó en diciembre pasado a la Corte de Nicaragua que dirima la controversia que enfrenta con el Congreso por las reformas constitucionales, a través de un recurso judicial, que fue admitido el viernes.

La OEA desconoció la resolución del tribunal nicaragüense e instó al parlamento a respetar la medida cautelar dictada por la Corte centroamericana, hasta que se resuelva «el fondo del asunto».

El organismo advirtió que para «la Secretaria general de la OEA la separación de poderes es de gran importancia hemisférica», porque es uno de los principios fundamentales de la Carta Democracia Interamericana, suscrito por los países de continente en el 2001.

La Carta Democrática de la OEA señala en su artículo 3 que «el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (..) son elementos esenciales de la democracia representativa».

El artículo 17 agrega que «cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática».

La Carta Democrática establece demás que el organismo hemisférico podrá, incluso, «adoptar las decisiones que estimen conveniente», si las gestiones diplomáticas fracasan.

El Gobierno de Nicaragua pidió en octubre asistencia a la OEA para evitar que el Congreso destituyera a Bolaños de su cargo por negarse a informar a la Contraloría el origen de 7 millones de dólares que no fueron incluidos en los gastos de su campaña electoral.

Una misión de alto nivel de la OEA, que visitó Nicaragua en octubre, contuvo el proceso de destitución y sugirió al gobierno y al parlamento dialogar, pero los conflictos continuaron debido a la intransigencia de ambas partes.

El llamado de la OEA fue secundado por el foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), que a través de un comunicado divulgado en Managua insta a los diputados nicaragüenses a «que preserven y consoliden el proceso democrático y constitucional del país».

Las reformas constitucionales son impulsadas por las bancadas mayoritarias del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en el marco de una alianza contra el gobierno.