LIMA.  AP. L LIMA (AP) — La OEA creó ayer una comisión para estudiar la posibilidad de retorno de Honduras al organismo y le dio plazo máximo hasta el 30 de julio para presentar sus recomendaciones.  

En Tegucigalpa, el presidente Porfirio Lobo acogió la decisión y expresó su deseo de colaborar con el panel.   Los miembros de la comisión serán designados por el secretario general José Miguel Insulza, pero éste dijo que su trabajo no será el de hacer de “comisión de la verdad”.   “Ese no es el papel de la comisión”, dijo en una rueda de prensa al concluir la XL asamblea general de la OEA, que acordó la formación del panel.

La 40 Asamblea General de la Organización de la OEA concluyó ayer sus trabajos en Lima. Honduras fue separada de la OEA por resolución de los cancilleres luego del golpe de estado del año pasado que derrocó al presidente Manuel Zelaya.   En el pasado Insulza ha conformado este tipo de comisiones con miembros que provienen de la propia OEA –como embajadores o funcionarios– y de la actividad privada internacional –como ex cancilleres o diplomáticos de su confianza–.   Sin embargo, indicó que en esta ocasión estaba pensando en que sus integrantes deberían tener la precondición de residir en Washington para facilitar su continua presencia en la sede de la organización.

Vago compromiso sobre gasto militar

Lima. EFE.  Los cancilleres de los países miembros de la OEA asumieron ayer un vago compromiso por limitar el gasto militar, aunque sí su firme decisión de promover en la región la transparencia en la adquisición de armamentos. La Declaración de Lima, aprobada por aclamación al término de la XL Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha quedado a mitad de camino de lo que quería Lima, pues su propuesta inicial era mucho más enérgica y rotunda y abogaba por una reducción del armamentismo en la región. En el texto final, la palabra reducción ha desaparecido y en su lugar los cancilleres únicamente han admitido hablar de «limitar». La declaración parte de la campaña que inició el presidente Alan García para poner «freno al armamentismo» y forjar un «pacto de no agresión» para limitar el gasto militar y la adquisición de armas, por lo que Perú había utilizado un lenguaje bastante más contundente.