POR GERMAN MARTE
La calidad del servicio que ofrece la Oficialía Civil de la Sexta Circunscripción de Santo Domingo dista mucho de la que brindan otras oficialías: aquí las quejas de los usuarios son mínimas, está bien ubicada, oficinas con acondicionadores de aire y un registro automatizado que, a diferencia de otras oficinas, le permite expedir actas en apenas 24 horas, y la labor de los buscones, si los hay, es muy discreta.

Mientras otras oficialías tienen la «magia» de disgustar a casi todos los que a ellas acuden, de esta, por lo regular, la gente sale satisfecha por el servicio que les brindan unos 15 empleados encabezado por la oficial civil Ana Melba Rosario, esposa del presidente de la Junta Central Electoral, Luís Arias.

«Yo no he visitado una oficialía que funcione mejor que esta. Aquí están declarados todos mis hijos y cada vez que vengo aquí me voy satisfecho. Yo creo que una de las mejores oficialías es esta», afirmó Amado Figuereo. Juan de Jesús Acevedo Flores, quien acudió en busca de un acta de nacimiento, manifestó que estaba muy satisfecho con el servicio y al igual que otras personas que hacían fila dentro del local, afirmó que la entrega de actas en el lugar es bastante ágil.

En iguales términos se expresaron otras personas consultadas mientras esperaban fuera de la Oficialía, donde incluso han habilitado un par de bancos para que los usuarios se sienten mientras esperan.

En efecto, gracias a seis computadoras y un personal dispuesto a brindar un buen servicio, en esta oficialía las actas son entregadas en 24 horas.

En parte, esto se debe a que se trata de una de las oficialías más recientes, funciona desde 1966, y a que se encuentra en un lugar adecuado para operar, en la calle Ramón Cáceres casi esquina Pedro Livio Cedeño, en el ensanche La Fe. Además, el flujo de personas es mucho menor que en otras oficialías, pues según la encargada, atienden un promedio de cien usuarios por día.

Además de tener como sede un edificio moderno facilitado por la Suprema Corte de Justicia, cuenta con su propia planta de emergencia, en caso de que falle el servicio de electricidad.

ABOGA POR CAMBIOS

La encargada de la oficialía, Ana Melba Rosario, quien es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la que además obtuvo una maestría, prefiere no opinar sobre las denuncias de su colega de la Oficialía de la Doceava Circunscripción, Luís Felipe Rodríguez, quien declaró recientemente que el Registro Civil Dominicano es un desastre «que no cuenta con supervisión».

Empero, Rosario dijo que favorece cambios en las oficialías, incluyendo que a los oficiales civiles y a sus empleados se les asigne un sueldo fijo, y que esto se consigne en el presupuesto de la JCE.

Indicó que ahora los ingresos de las oficialías dependen del flujo de personas que acudan en busca de actas de matrimonio, actas de nacimiento u otro servicio. De los recursos que generan los servicios es que se le paga al personal, y el resto del dinero –aparte de otros gastos- es lo que queda al oficial civil encargado, que en el caso de la Sexta Circunscripción oscila entre RD$45,000 y RD$50,000 mensuales, aunque en algunos meses podría subir hasta RD$60,000.

Rosario entiende que si se fijara un sueldo «la gente dejaría de ver esto como algo tan deseado. Mientras tanto, tú sientes que cada día es un regalo, no que tú estás dando un servicio y que te estás ganando un dinero. Entonces si pusieran un sueldo, pues yo me sentiría más tranquila, pensaría que voy a estar aquí por muchísimos años haciendo precisamente lo que me gusta, y no que parezca que me están dando un regalo, o que esto es un botín».

Precisamente una de las denuncias del oficial civil Rodríguez de la XII Circunscripción del DN es que los recursos que se generan son administrados a discreción por los oficiales y que los puestos son repartidos entre los jueces de JCE.

Rosario señaló que año tras año la JCE ha reclamado la asignación de recursos para dar cumplimiento a la ley y asignar un salario fijo a los oficiales civiles, pero en lugar de eso le han recortado el presupuesto.

Rosario, quien lamenta que se le vea sólo como la esposa del presidente de la JCE y no como alguien que cumple con sus obligaciones, considera, asimismo, que debe retomarse el proceso de automatización de las oficialías, hoy paralizado, de modo que se puedan tener en red las informaciones y que el 100% de los usuarios pueda sentir el registro más cerca.

Además, consideró impostergable la modificación a la Ley 6-59 sobre actas del estado civil, «esa ley hay que modificarla, a mi juicio, de modo que las mismas oficialías de estado civil o la JCE puedan corregir administrativamente los errores materiales que no afectan al nombre y la filiación, o sea errores que se cometen frecuentemente sin intención alguna como es cambiar niño por niña, femenino por masculino y que penosamente la ley manda a los tribunales para la ratificación de estos errores».

Hay que desatar las manos a los oficiales civiles para que puedan rectificar algunos errores, sostuvo Rosario, quien no obstante considera que los errores que tienen que ver con el nombre, la nacionalidad o la edad y el estado civil deber ser decididos por los jueces, como ahora.

Otra modificación que la oficial Rosario considera importante es dar valor legal a las actas automatizadas, pues ahora la ley manda a registros manuales que deben ser llenados a mano, «pero el libro no habla, no dice cuando usted ha cometido un error, regularmente la computadora sí».

Asimismo, considera que debería ser función de la JCE la ratificación las declaraciones tardías, incluso, añadió, la investigación debía ser previo al levantamiento del acta.

SUBIERON LAS ACTAS

Hasta hace unas cuantas semanas, las actas de nacimiento costaban hasta RD$30, pero la Dirección General de Impuesto Internos elevó el precio del impuesto y ahora hay que poner un sello que cuesta RD$30. «Eso es lo que ha motivado que se eleve el precio de las actas», expresó Rosario.

Tras señalar que el Código del Menor establece la gratuidad de la primera acta que se le expide a un niño, Rosario favoreció, sin embargo, que el documento sea gratuito, «pero para eso la Junta tendría que tener el presupuesto que le permita que se cumpla con la ley que establece que se establezcan sueldo a  los oficiales del Estado civil».