Lency Alcántara 
La Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Ministerio de Educación, respondió a la anulación que hiciera la Dirección General de Contrataciones Públicas a una licitación de la entidad por alegadas «irregularidades en el proceso de contratación».
OCI aseguró que el proceso de licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003 fue llevado a cabo con absoluto apego a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Explicó mediante un comunicado que el presupuesto inicial del concurso ascendía a RD$966,748,624.00, concluyó con una adjudicación total de RD$649,649,724.01, lo que refleja una reducción del 32.81 % «por la evaluación rigurosa de las ofertas y el estricto cumplimiento de los principios de transparencia, equidad y publicidad».
Contrario a lo expuesto por Compras y Contrataciones, la empresa se defiende y asegura que el proceso de ejecutó siguiendo los criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego de condiciones,
Destacó que el monto publicado en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas es un valor referencial, que puede ser mayor o menor en la adjudicación final, dependiendo de las ofertas recibidas y su análisis, conforme a los criterios de evaluación. Dicho valor tiene como finalidad establecer un marco de referencia para los oferentes y garantizar una correcta comparación durante el proceso de adjudicación.
Proceso
En cuanto a los requerimientos de la DGCP, la OCI subrayó que toda la documentación fue depositada en tiempo oportuno, cumpliendo de manera estricta con los plazos legales establecidos y con cada uno de los requerimientos administrativos y técnicos exigidos por el órgano rector.
“Cada comunicación recibida fue respondida con celeridad, incluyendo informes técnicos, aclaraciones, soportes documentales y cualquier otro requerimiento necesario para la correcta sustanciación del expediente de licitación”, puntualizó la entidad.
Reiteró su disposición a colaborar con los órganos de control y fiscalización, convencida de que el fortalecimiento del marco normativo y el respeto a los principios de legalidad son esenciales para el desarrollo institucional y la ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad educativa.
