Guatemala. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala instó hoy al Gobierno y a lugareños que se oponen a una empresa minera subsidiaria de la estadounidense Kappes, Cassiday & Associates a retomar el diálogo, tras los enfrentamientos que el pasado viernes dejaron 28 heridos.

“Nos unimos al llamado del Procurador de los Derechos Humanos para que las partes retomen el proceso de diálogo de alto nivel que se mantenía desde junio de 2013”, expresó la oficina de la ONU en un comunicado.   Un total de 15 lugareños y 13 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridas el viernes durante el desalojo de unos 300 vecinos, quienes pretendían evitar el ingreso de maquinaria pesada a una empresa minera en el departamento de Guatemala.

Los manifestantes, pertenecientes a la comunidad La Puya del municipio de San José del Golfo, 30 kilómetros al noroeste de la capital guatemalteca, fueron dispersados por la fuerza y con bombas lacrimógenas por la PNC.   La oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ejerció su mandato de observación durante los incidentes, destacó que en la línea con los estándares internacionales “no se hizo uso de armas de fuego letales durante el operativo».

“Sin embargo, el número de personas heridas evidenció fallas en el uso adecuado de protocolos sobre la utilización de la fuerza, acorde con los derechos humanos”, agregó el comunicado divulgado por la entidad.   Los vecinos estaban reunidos en el lugar desde la mañana del viernes para intentar evitar el ingreso de maquinaria pesada a la mina Progreso VII Derivada, conocida también como El Tambor, propiedad de la Empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), subsidiaria de la estadounidense Kappes, Cassiday & Associates.

Los manifestantes libran una batalla junto con las comunidades aledañas a la mina, incluido el municipio de San Pedro Ayampuc, para evitar el funcionamiento de la empresa minera hasta que se realice una consulta popular y se cumplan algunas de sus demandas.

La patronal guatemalteca, representada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), lamentó lo sucedido mediante un comunicado en el que indicó además que la sociedad “es nuevamente testigo de una organizada y manipulada conflictividad».

“Deben generarse acciones específicas para que se aplique la ley a las personas que irresponsablemente llevan a cabo este tipo de acciones al margen de la ley”, apuntó el Cacif, que a la vez consideró que “muchos de los que impulsan esta conflictividad no poseen la representatividad ni el apoyo real de los habitantes de las comunidades».