Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
El contrato mediante el cual Bienes Nacionales traspasa la venta y cobro de inmuebles del Estado a la Empresa Nacional para el Desarrollo, S.A. (ENADE), permite a esta firma una línea de crédito ilimitada, nacional o internacional, avalada por los honorarios que obtendrá la concesionaria con la ejecución del acuerdo.
El acuerdo y su reglamento, remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado para su aprobación, disponen asimismo que ENADE podrá asociarse, enajenar o traspasar el contrato a otra empresa de comprobada idoneidad técnica.
Además de otorgar a ENADE el 15 por ciento de las ventas brutas de los inmuebles y el 10 por ciento de los cobros, Bienes Nacionales se compromete a garantizar a la concesionaria el cobro por los servicios prestados.
Presidida por Mario de Jesús Fuertes de Pool, ENADE tiene su sede en la avenida Bolívar número 830, de La Esperilla.
El artículo sexto establece que si Bienes Nacionales decide rescatar la prestación del servicio, deberá pagar al concesionario el importe total estimado correspondiente a los años pendientes de ejecución del contrato.
El numeral 22.1 del reglamento del acuerdo dispone que el Banco de Reservas, como único depositario de los ingresos recuperados por concepto de la venta y cobro de bienes del Estado, queda autorizado a depositar en la cuenta de ENADE el 10 por cieno de los depósitos diarios realizados por los clientes del concesionario.
Las transferencias a la cuenta del concesionario se producirán al cierre diario de las operaciones del Banreservas, expresa el citado numeral.
Para el otorgamiento de títulos a los beneficiarios de inmuebles del Estado, el reglamento establece un pago a ENADE de RD$20 mil cuando el inmueble alcance o supere el RD$1.0 millón de la tasación correspondiente.
Los de menor cuantía, serán cubiertos por Bienes Nacionales, dispone el documento.
Mediante la concesión, el gobierno procura regularizar la situación jurídica y documental de los inmuebles del Estado cedidos o que vayan a venderse a particulares, a fin de que los beneficiarios obtengan los títulos correspondientes.
De esta manera, expresa, los inmuebles podrán utilizarse como requerimientos hipotecarios de viviendas de alto contenido social.
Los fondos generados por los recursos inmobiliarios públicos, expresa el contrato de concesión, serán incorporados a las actividades económicas y financieras de la nación.
A través de los considerandos del acuerdo, Bienes Nacionales justifica la concesión en el atraso que tiene en el cobro de los inmuebles vendidos a particulares, así como en la titulación de los mismos.
