Hoy 
El gobierno anunció un presupuesto para 2012 de RD$430 mil millones, lo cual es alrededor del 18% del PIB estimado para el 2012.
A la función de educación, de acuerdo al mandato de ley se le debería asignar un 4% del PIB que es RD$95.3 mil millones. Según las cifras publicadas de manera preliminar, se le han asignado al Ministerio de Educación unos RD$54 mil millones y al de Educación Superior unos RD$7.8 mil millones, esto arrojaría 2.6% del PIB. Faltaría ver cómo se completaría la diferencia.
Al Ministerio de Salud se le asignarán RD$46.4 mil millones, el 1.95% del PIB, todavía insuficiente para las necesidades de salud del pueblo dominicano.
El país destinará al pago de deuda unos RD$112 mil millones, siendo el renglón del presupuesto que más absorbe recursos, alrededor de los 26% del total, equivalentes al 4.7% del PIB. Según cifras preliminares, por intereses se pagará más que de amortización. Por intereses se pagarán RD$56.5 millones, más que lo que se gastará en el Ministerio de Educación y 21% más de lo que se gastará en el Ministerio de Salud. Esa es una herencia aborrecible, pues se está sustrayendo recursos al desarrollo, para pagar los intereses de una deuda pública con la que hay dudas, sino es que la certeza, de que no se repaga. Según el Ministerio de Hacienda el 73% del aumento de la deuda pública entre 2000 y agosto de 2011 se contrató entre 2005 y 2011.
El Estado dominicano no solamente gasta poco en los renglones que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, sino que además gasta en forma ineficiente.
El mejor ejemplo es el aparente anuncio que acaba de hacer el Presidente de la República de que gastará RD$40 mil millones, es decir, el 1.7% del PIB y el 9.3% del presupuesto nacional en campaña política. Ese dinero se gastará bacheando calles, repartiendo comida y en seguridad ciudadana. La ciudadanía tiene el derecho de tener calles decentes, alimentarse adecuadamente y vivir en ciudades seguras, pero no como favores de políticos en campaña sino como un derecho ciudadano.
Y eso no lo acaba de entender una parte de los políticos dominicanos. Son derechos, no favores, lo que necesitamos los dominicanos y dominicanas.
Otro aspecto del alegado anuncio presidencial es la deslegitimación de la acción pública y la convicción que tenemos muchos dominicanos de que el equilibrio macro-económico está seriamente amenazado. Hasta ahora, la estabilidad del tipo de cambio se ha mantenido con deuda pública y no hay condiciones para aumentar impuestos, de manera que un dislocamiento del gasto público puede conducir a una corrida devaluatoria. Ojalá que no se aloquen.
