La proliferación de armas de fuego es un factor agravante de la inseguridad. Datos oficiales indican que en el 2014 la mayoría de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego legales, en unos casos por los portadores autorizados a poseerlas y en otros por portadores ilegales de armas legales sustraídas a los ciudadanos con permiso para portarlas. De ahí que restringir el porte legal de estos artefactos ayudaría mucho en la lucha contra la inseguridad.

Pero si el control de armas se pretende a través de una ley inadecuada, entonces correríamos el riesgo de agravar el problema. Por eso son oportunos los reparos puestos por el procurador general Francisco Domínguez Brito a un proyecto de ley de control de armas aprobado por la Cámara de Diputados, en interés de que el Senado introduzca en varios artículos algunas modificaciones puntuales que él propone.

Sin embargo, una ley de control de armas, con o sin las modificaciones que plantea el Procurador, no sería por sí sola la solución del problema de inseguridad que tenemos. El Estado ha dado muestras de debilidad en la adopción de estrategias adecuadas para frenar el auge de la delincuencia. Los delincuentes logran la libertad con rapidez asombrosa y la impunidad tiene ribetes de escándalo. Un buen control de armas puede ayudar mucho en la tarea, pero siguen pendientes más aspectos del problema.

CARRERAS, OFERTA Y DEMANDA 

En el país faltan técnicos de muchas especialidades demandadas por el sector empresarial. Pero por el otro lado, tenemos muchos jóvenes graduados en disciplinas para las que no abundan las ofertas de empleo. Es mucha la gente que trabaja en ocupaciones que no se corresponden con las carreras que han cursado. De ahí que Gobierno, sector empresarial y academias deben trabajar unidos por un equilibrio en la oferta y demanda de mano de obra especializada.

Ante esta realidad, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología favorece controles sobre la oferta de carreras como Administración de Empresas y Derecho, que están superpobladas de estudiantes que, una vez graduados, no encuentran ocupación para ejercerlas. Hay que actualizar los estudios sobre estos desequilibrios y trabajar para corregirlos.