Ojo con la privatización de las cárceles

Ojo con la privatización de las cárceles

JOTTIN CURY HIJO
Hace algún tiempo el Procurador General de la República, el Director General de Prisiones y el Coordinador de la Pastoral Penitenciaria señalaron la necesidad de demoler y construir nuevas cárceles, lo cual supone, según sus propias expresiones, una inversión superior a los mil millones de pesos. En aquella ocasión se afirmó, por ejemplo, que en La Victoria se dispone de mil quinientas camas para cuatro mil quinientos reclusos. Estas declaraciones, así como otras que se han venido publicando en los distintos medios, tienen el propósito de crear un ambiente propicio para justificar la privatización de nuestros centros penitenciarios.

Stephen Nathan, investigador del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, nos dice: «El panorama mundial del resultado de la privatización penitenciaria es negativo y no ha podido probar su éxito». Conforme a este experto, la «industria» de las prisiones privadas surgió en los Estados Unidos en la década de los 80, y además criticó el hecho de que esta idea fuese diseñada por empresarios que únicamente ven oportunidades de ganar dinero, sin tomar en cuenta las opiniones de técnicos en justicia criminal. En tal sentido, concluye que el modelo de las privatizaciones carcelarias no ha arrojado los resultados deseados en los países en que se ha puesto en práctica.

Resulta difícil iniciar un proceso de privatización en un país carente de instituciones como el nuestro, en el que la propia Dirección General de Prisiones se muestra incapaz de ofrecer un censo sobre los crímenes y delitos cometidos por los reclusos y en ausencia de cárceles especializadas para acoger a los condenados tomando como base las infracciones en que han incurrido. No es secreto para nadie que no existe entre nosotros ningún criterio para clasificar a los presidiarios, razón por la cual vemos en un mismo espacio a un condenado por haber cometido crímenes horrendos con otro que apenas ha incurrido en un delito menor.

Por otra parte, es absurdo que el Estado tenga que entregarle al beneficiario de la privatización cuantiosas sumas de dinero para la ampliación y remodelación de los recintos penitenciarios, así como para la adquisición de equipos. Le resultaría más conveniente a la Administración realizar por si misma idéntica labor, incluso utilizando como mano de obra a determinados reclusos con aptitudes para ello. Y en cuanto a que sea el privatizador que maneje los negocios que operan dentro del penal, considero más conveniente que sean los mismos reos quienes administren con la debida supervisión estatal ciertos negocios que actualmente se efectúan en la clandestinidad.

Es preferible que sean los presidiarios quienes administren,  repito, con los debidos controles dichos negocios y paguen sus correspondientes impuestos, y no otorgarle a un empresario capitalista una jugosa fuente de beneficios que en definitiva tendrá que ser forzosamente subsidiada por el Estado. Y lo que es peor todavía, de conformidad con el esquema privatizador que solamente se ocupa de los asuntos materiales, los gastos relativos a la educación y regeneración del recluso permanecerá a cargo del Estado.

En definitiva, se trata de un negocio que no ofrece ventaja alguna al Estado, así como tampoco a los presos ni a la sociedad dominicana. A mi modo de ver las cosas, antes de aventurarnos con un diseño privatizador que todavía no ha cuajado en ninguna parte, debemos comenzar realizando un censo detallado en todas las cárceles, clasificando a los reos de conformidad con ciertos criterios, determinar el número de extranjeros que se encuentran cumpliendo condena entre nosotros y depurarlos, al igual que a los nacionales, según el crimen o delito cometido. Igualmente se debe cambiar periódicamente a los prebostes para controlar la corrupción interna y los abusos que se cometen contra los mismos reclusos, impartirles clases de moral y cívica, instituir verdaderos comités disciplinarios, entre otras medidas.

Se ha insistido mucho últimamente sobre la necesidad de demoler la cárcel de La Victoria, Rafey y la del 15 de Azua, que por cierto tienen un alto índice de hacinamiento y que han sido escenarios de múltiples motines. Y nos preguntamos ¿dónde colocarán a tantos miles de presidiarios en el interregno de demoler una cárcel y construir otra? De buenas a primeras resulta interesante para determinados empresarios que suelen recostarse del Estado para obtener fabulosas ganancias, ocuparse del bienestar de aquellos que hasta hace poco eran considerados como escoria social. Definitivamente que el capitalismo no conoce de límites cuando de ganar dinero se trata, puesto que no es por filantropía el interés que ahora muestran algunos por el bienestar de los presos.

Ahora que la JCE desea instaurar el derecho al voto de los presos preventivos, y siendo alto todavía el número de éstos por ser la prisión preventiva la única medida de coerción efectiva del vigente Código Procesal Penal, pronto veremos a los políticos realizando labores proselitistas en los centros penitenciarios. Y no se precisa de mucha inteligencia para suponer los disturbios que se generarían con esta medida, la cual podría introducir otro elemento de discordia en las cárceles dominicanas.

En conclusión, la privatización de las cárceles está más orientada hacia el lucro de unos pocos que a la regeneración de los presidiarios; no ofrece respuestas en cuanto a la educación de los mismos. Se podrían modernizar sin necesidad de privatizarlas, pues no debemos olvidar que el esquema neoliberal de la privatización o capitalización de las entidades públicas ha resultado traumático en casi todos los países de Hispanoamérica.

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