No cabe duda alguna cuando se clasifica a la compañía constructora brasileña Odebrecht como una de las más grandes y eficientes del mundo. Sin embargo, en la edición del periódico El País del pasado sábado 21 del presente mes, aparece en la página número 9 de la Sección Internacional, el título siguiente: “Una constructora de Brasil es denunciada por trabajo esclavo y trata de personas”, algo sumamente grave, ya que las Naciones Unidas tienen una unidad especializada en este tipo de trabajo esclavo, sobre todo cuando se trata de labor infantil.

Aunque la denuncia por “trabajo esclavo, malas condiciones laborales, tráfico internacional de personas, cercenamiento de la libertad, retención de documentos” entre otros delitos se refieren a la construcción de una central azucarera en Angola, entre el año 2011 y 2012, afectando alrededor de 500 trabajadores brasileños, no deja de ser una preocupación para el país porque, de ser condenada Odebrecht deberá pagar una suma de 500 millones de reales (225 millones de dólares) por indemnizaciones bajo la acusación de haber sometido a los referidos trabajadores “a condiciones indignas de trabajo, sobre todo respecto a instalaciones sanitarias, alimentación y agua para beber”.

Esta firma, no obstante su prestigio como constructora, en su aspecto de relaciones laborales, había sido condenada en decenas de acciones judiciales en ese país africano de lengua portuguesa, en donde a los trabajadores una vez en Angola, se les retenía el pasaporte como una medida de presión para asegurarse la permanencia en una situación muy parecida a una cárcel.

Según la crónica de El País, “además de la multa, calculada a partir de criterios de gravedad de los hechos y capacidad financiera de la empresa, a Odebrecht le estará prohibida de recibir financiamiento público para futuros proyectos del Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES)”. Esto afectará directamente a nuestro país, en donde la firma se había agenciado grandes proyectos viales, elevados, hidroeléctricas y hasta un túnel.

A partir de esta grave denuncia, el Gobierno Dominicano debe “poner sus barbas en remojo”, no vaya a ser que también en nuestro territorio hayan aplicado estas lesivas prácticas sobre los trabajadores, especialmente a los que importó desde Brasil.

Si la Odebrecht es condenada al pago de los 225 millones de dólares y no sería calificable para obtener préstamos blandos del BNDES, su situación económica en el país no le permitirá contratar nuevas obras y debemos hacer votos para que puedan terminar satisfactoriamente las ya iniciadas. De su parte, los subcontratistas, que ahora se ufanan de que su nombre figura junto a esta multinacional, deberían también tomar medidas precautorias para que no queden “como perico en la estaca”.

El BNDES es la institución financiera que da soporte a compañías brasileñas que emprenden o le son otorgadas obras de alguna envergadura en el exterior y que cuentan con el aval del Estado receptor. Por eso, es de suma importancia para nuestro país que Odebrecht no sea condenada al pago de los 500 millones de reales, ya que esto afectaría ostensiblemente el inicio de nuevas obras en el exterior y no sabemos el alcance y cuanto afectaría a las ya en construcción. Nuestro país, que ha sido en el pasado timado por grandes empresas que presentaron grandes planes para obras de desarrollo, tuvimos el desengaño de haber sido tan confiados y creídos, lo cual ha sido el motivo de que se nos endilgue el mote de “complejo de Guacanagarix”. En esta ocasión, debemos estar ojo avizor para evitar los fracasos del pasado.