LIMA (AFP).- Médicos en prolongada huelga general, cocaleros en marcha de protesta hacia Lima y anuncios de una paralización minera, forman el conflictivo panorama laboral que presenta Perú, que tuvo su punto dramático con el linchamiento el lunes de un alcalde en un remoto poblado del sudeste de Perú.

Las protestas se producen tanto en el norte, centro y el sur del país originadas por reclamos regionales y salariales que han puesto en jaque al presidente Alejandro Toledo, así como a autoridades municipales severamente cuestionadas por sus electores. El clímax de este complicado panorama se vivió en Ilave (sudeste de Perú) donde el lunes indígenas aymaras secuestraron y lincharon al alcalde Cirilo Robles, a quien acusaban de cometer actos de corrupción y de incumplir una serie de promesas.

«Lo sucedido en Ilave es un llamado de atención al gobierno para que despierte y entienda que si no resuelve, con hechos concretos, los principales problemas del país, la ola de protestas crecerá hasta volverse indetenible», advirtió Mario Huamán, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, izquierda).

El dirigente sindical subrayó que los conflictos y las crisis políticas «son permanentes y continuarán mientras no se toque el problema estructural del país para solucionar la pobreza y abandono de las poblaciones más deprimidas».

Desde el 12 de este mes cientos de médicos estatales se encuentran en huelga general indefinida en demanda de aumentos salariales, lo que ha dejado semiparalizados a los hospitales estatales y con una restringida atención en los servicios de emergencia.

A los médicos estatales se sumaron en la víspera los trabajadores de la seguridad social también por demandas salariales.

Entre tanto, varios miles de campesinos cocaleros tienen previsto llegar este jueves hacia el centro de la capital peruana en marcha de protesta que iniciaron la semana pasada desde las regiones amazónica nororiental y de la selva central.

Varios cientos de ellos comenzaron a arribar este miércoles a la localidad de Chosica, 35 km al este de Lima.

Los cocaleros exigen al gobierno que ponga fin a los programas impulsados por Estados Unidos de erradicación forzosa de hojas de coca y demandan que la reducción de sus cultivos sea en forma concertada y sin ningún tipo de imposiciones.

En un intento por apaciguar el clima de protestas en el país, Carlos Bruce, ministro de Vivienda y considerado figura importante del gobierno, pidió no dar «matiz dramático» a las protestas.

«Hemos tenido marchas desde la primera semana de este gobierno, así que seguramente terminaremos con marchas», dijo el miércoles en un acto público.

Pese a ello, el clima de agitación continuó este miércoles con la toma por varias horas de la sede de las Naciones Unidas en Lima por parte de trabajadores despedidos que reclamaban la mediación de ese organismo para que el gobierno cumpla una serie de compromisos asumidos con ellos.

También la policía dispersó con gases lacrimógenos y varazos a unos mil manifestantes que intentaban tomar por asalto la municipalidad de Chiclayo, norte de Perú, en protesta contra su alcalde, informó la policía regional.

Por su parte, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Perú convocó a un paro nacional de 48 horas este jueves y viernes para expresar su rechazo a normas de flexibilización laboral que significaría, según sostienen, poner en riesgo la estabilidad laboral de 60.000 mineros.