FIDELIO DESPRADEL
Desde el lunes 10 y martes 11, los reputados técnicos de la comisión ambiental de la Academia de Ciencias, ingeniero Osiris de León y Luis Carvajal, alertaban a la ciudadanía y al Gobierno sobre la urgente necesidad de desaguar la presa de Tavera, para evitar su colapso.

Apoyaban su urgente llamado en los datos sobre el curso de la tormenta Olga y en su conocimiento del grueso del funcionamiento de las presas y las cuencas hidrográficas en todo el territorio nacional.

El director del INDHRI, cuyo nombramiento fue el resultado de una de las tantas repartideras de cargos del Gobierno, para callar bocas o atraer a «profesionales» de la política, contestaba a través de las ondas hertzianas que aquellos llamados no eran mas que exageraciones y que todo estaba por «el librito», bajo control.

Incluso, después de una maratónica participación por las ondas de la Z 101, y en conocimiento de que el Gobierno no había tomado las medidas de lugar, Luis Carvajal, en la noche del martes 11, exhortó a los habitantes de Santiago y otras localidades del Cibao y Bajo Yuna a «que no durmieran»; que estuvieran alertas.

La tragedia se abatió sobre Santiago y multitud de otras ciudades y pueblos del país. Decenas de muertos y desaparecidos. Centenares de millones en pérdidas materiales. Todavía hoy existen decenas de comunidades bajo el agua.

El gobierno del doctor Leonel Fernández ha establecido récord en este tipo de negligencia. Desde el ciclón George, de triste recordación, el gobierno del PLD y su burocracia van de mal en peor. Los muertos por la negligencia oficial se cuentan por centenares y las pérdidas materiales por centenares de millones. En cualquier país donde la justicia y las instituciones funcionen, tanto el Presidente como muchos de sus funcionarios habrían terminado en un juicio político y destituidos. Pero, por el contrario, en República Dominicana competimos con otros países del continente en lo que se refiere a la rapacidad de su «oligarquía política» y a la pérdida de los deberes de cualquier Estado, en lo que a la solidaridad con la población se refiere.

Porque no es tan solo un problema del presidente de turno y su burocracia. Hay mucho más en estas tragedias que se repiten con macabra frecuencia. Detrás de ello está la concepción neoliberal del Estado. En esa visión, el Estado es tan solo un facilitador de la libre circulación del capital y las mercancías. Y para ello, lo primero que empezó a desmontarse es la solidaridad del Estado con la población, con la producción y con la soberanía de la nación.

En República Dominicana la población en general y los productores en particular están totalmente desamparados. El Estado, en su acepción más amplia, está tan solo para garantizar que el gran capital, nacional e internacional, principalmente en su renglón financiero, tenga toda la libertad para ejercer su función especuladora. En esto, las instituciones del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, iglesia, escuelas, otros) son en extremo eficientes. No importa las consecuencias. Tampoco importan las leyes del país, la soberanía y los compromisos contraídos con la población y los productores. Nada de esto importa a la hora de «aplicar» las leyes, de legislar o de tomar medidas administrativas.

Todas van en dirección de hacer de la solidaridad tan solo una palabra para la propaganda y para embobar a la ciudadanía. Habría que preguntarse si algún otro gobierno, surgido del seno de la «oligarquía política» que monopoliza hasta hoy la vida del país, podría retomar ese componente tan importante de la función del Estado como lo es la solidaridad. La respuesta es un no rotundo. Hace tiempo que esta «oligarquía política» asumió la concepción neoliberal y se comprometió a aplicarla al pie de la letra, tanto desde el gobierno como desde la oposición.

Solo un gobierno que surja como consecuencia de la construcción de «una nueva mayoría»; un gobierno cuya fuerza fundamental esté basado en el apoyo militante de las reservas patrióticas de la nación, que son las grandes mayorías, puede desmontar esta malvada visión y abrir los cauces, nueva vez, para que el Estado empiece a cumplir con las funciones que le deberían ser propias en una sociedad como la nuestra, como lo es la solidaridad con el pueblo y con el sector productivo, y la defensa de la Soberanía Nacional.

Mientras los dominicanos y dominicanas no construyamos esa «nueva mayoría», solo negligencia criminal y corrupción, como las que ha prevalecido en los últimos gobiernos, y en particular este segundo gobierno del PLD, será el plato de cada día.

Mientras tanto, nuestro flamante Presidente nombró una «comisión investigadora», para que verifique los datos y presente un informe dentro de tres meses. ¿Recuerdan ustedes las famosas comisiones investigadoras de Balaguer?

Pero por más que se empeñe la propaganda oficial, la negligencia criminal está en la memoria de centenares y millones de seres humanos que sufren esta nueva tragedia y que tienen su lectura acerca de la actitud del gobierno. Llegará el momento en que todas estas rabias acumuladas podrán transformarse en acción política reivindicadora.