El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares Ortega apoderó ayer al pleno de ese organismo para que tome medidas cautelares que impidan el uso de los planes sociales de la Presidencia en beneficio de los partidos y candidatos a cargos de elección popular.

Olivares considera que si ese organismo tomó medidas para suspender el barrilito y el cofrecito en el Congreso Nacional y se apresta para suspender los programas sociales de los ayuntamientos, también debe hacerlo con el Poder Ejecutivo.

De igual modo, Olivares solicita medida cautelar para que sean congeladas las nóminas correspondiente al personal transitorio de la administración pública central y descentralizada y cualquier otra existente en las instituciones del Estado.
Mediante comunicación dirigida a través de la secretaría general, propone la congelación de las nóminas de beneficiarios de los programas Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y Progresando con Solidaridad (Prosoli), con efectividad desde el 15 de marzo hasta el 16 de mayo próximo.

Segunda vuelta. Sugiere que sea extensivo, en caso de producirse una segunda vuelta electoral, al 27 de junio, como forma de impedir la incorporación a las mismas de nuevos beneficiarios durante esa etapa del período electoral.

Indica que en el año 2015 el presupuesto total de las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado fue de 9,667 millones de pesos por este concepto, mientras que se ejecutaron 12,306 millones, lo que da una idea del impacto que puede tener esta nómina adicional de personal en la equidad del proceso electoral.

Lo ejecutado. Por su parte, dice que el Ministerio de Educación destinó el año pasado al renglón de Personal Transitorio la suma de 486 millones de pesos, mientras que el de Industria y Comercio devengó 600 millones de pesos; el de Salud Pública 525; el de Interior y Policía 802; el de Obras Públicas 764; el de Hacienda 738 millones; el de la Presidencia 942 millones; el de Interior y Policía 524 millones; el de Economía, Planificación y Desarrollo 486 millones y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales 465 millones.

Olivares Ortega recordó que con motivo de la no aprobación del Proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral, el pasado 16 de febrero, el pleno del organismo electoral decidió que lo más pertinente, en lugar de dictar un reglamento, es la adopción de medidas cautelares en lo que resta de la campaña, en los casos que correspondan.

Sostuvo que ese criterio se hizo efectivo al día siguiente, cuando el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, sometió una propuesta de medida cautelar, la cual fue aprobada a unanimidad por el pleno, mediante la que se dispuso la suspensión del funcionamiento del Fondo de Gestión Social (barrilito y cofrecito) del Poder Legislativo o cualquier otro tipo de compensación recibida por los congresistas. Olivares Ortega citó artículos de la Constitución y la Ley Electoral.