El doctor Eddy Olivares recomendó ayer a la comisión de Diputados que estudia el proyecto de Reforma  Penal,  excluir de la difamación e injuria los asuntos de interés público, o en caso contrario, sacar a la Junta Central Electoral (JCE) de la lista de entidades públicas y funcionarios protegidos por dicho Código.

En una comunicación dirigida al diputado Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión, el miembro titular de la JCE refiere que ninguno de los códigos penales de Latinoamérica incluye los órganos electorales, ni tampoco privilegia a los funcionarios públicos

“La inclusión de la JCE en el grupo de instituciones y funcionarios públicos privilegiados con el agravamiento de la pena en caso de ser difamados o injuriados, provocaría la autocensura de políticos, periodistas y ciudadanos que percibirían tal privilegio como un mensaje intimidante de la ley”, afirmó.

Dijo que los redactores del Proyecto de Reforma no tomaron en consideración que la  JCE tiene la misión de procurar el más amplio, abierto y transparente debate durante las elecciones.

“Por esa razón,  resulta saludable que los honorables legisladores reflexionen sobre la improcedencia de incluirla en una disposición legal que al imponer sanciones mayores por difamación e injuria que las que se aplica a los condenados cuando los querellantes son los demás ciudadanos, tiene como propósito desalentar el debate contra las instituciones y funcionarios protegidos por ella”, subrayó Olivares.

Les recordó, además, que la tendencia mundial en la materia es hacia la despenalización, tal y como lo han planteado organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Secretario General del Consejo de Europa, entre otros.

“El Código Penal es el instrumento legal que regula la libertad del hombre en sociedad”, expresó.