Con el objetivo de evitar el uso de los fondos públicos de los candidatos y partidos políticos en la campaña electoral, Eddy Olivares, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), solicitó la apertura de la proclama electoral a partir del 15 de diciembre para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 15 de mayo de 2016.

Olivares apuntó que, pronunciada la proclama, se debe «requerir a todos los funcionarios del Estado y los ayuntamientos que participen en la presente campaña, incluido el Presidente de la República, abstenerse de utilizar naves aéreas, vehículos, combustible o cualquier otro bien del Estado para desplazarse hacia las actividades de sus partidos o candidatos y durante el desarrollo de las mismas. Si por razones de seguridad el ciudadano Presidente se viera precisado a utilizar sus vehículos oficiales, deberá pagar el combustible y los demás gastos».

El pedimento de Olivares está contenido en una carta al presidente de la JCE, Roberto Rosario, el pasado día 13. Plantea que la solicitud sea incluida en la agenda de la próxima sesión del pleno. Olivares recuerda que la JCE tiene potestad para adelantar la proclama, toda vez que la Ley Electoral dice que debe ser abierta “a más tardar 90 días antes de la fecha de las elecciones”.

Inauguraciones. Recuerda que otras de acciones luego de la proclama, contempladas en la ley, es impedir a las instituciones del Estado y cabildos la realización de propaganda electoral; prohibir la promoción de los candidatos en los actos públicos, principalmente en las inauguraciones que encabecen el Presidente de la República y los alcaldes.

Igualmente, prohibir a los funcionarios públicos repartir a personas o entidades privadas, bienes adquiridos con fondos públicos o que les hayan sido donados. Asimismo el uso de las áreas físicas y espacios, instrumentos, equipos, materiales y personal de su institución a favor de los candidatos.

Olivares indica que además se deberá requerir a las instituciones del Estado y los ayuntamientos depositar en la JCE la constancia de que la publicidad que tienen vigente en los medios se enmarca dentro del parámetro institucional.

Además, congelar las nóminas correspondientes a los programas sociales del Gobierno y los ayuntamientos, así como la colocación de cualquier tipo de publicidad referente a los mismos durante la campaña.

Otra de las acciones que deberá tomar la JCE es amonestar públicamente a los candidatos o partidos que utilicen frases y emitieren conceptos contrarios a la decencia, al decoro y a la dignidad de los candidatos agrupaciones o partidos políticos adversos.

Olivares apuntó que no se puede olvidar que la precampaña electoral es uno de los eventos más activos y trascendentes del proceso, a tal extremo de que, muchas veces, llega a ser igual de intensa.

Recuerda, además, que ya los principales partidos han escogido y proclamado sus candidatos presidenciales, por lo que la ausencia de fiscalización por parte de la JCE contribuye con la contaminación del proceso electoral desde su origen hasta el día de las elecciones, “en perjuicio de su libertad, su transparencia, su equidad y su integridad”.

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Activismo

Olivares justifica su pedido en que el pleno ha limitado las medidas cautelarres exclusivamente al período electoral, de acuerdo a lo fijado a raíz de la investigación que realizara una comisión de la JCE ante denuncias de entrega de facilidades aduanales para recibir vehículos de parte del Gobierno a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Recuerda que a pesar de reconocer la existencia de una campaña electoral a destiempo, el órgano electoral se declaró incapaz de poder tomar medidas para prevenir e impedir uso indebido de los bienes públicos antes de la proclama electoral, por lo cual los precandidatos en su competencias internas, “tienen luz verde”.