POR LOYDA PEÑA
El juez titular de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Eddy Olivares, dijo ayer que el gran desafío del presidente Leonel Fernández en la actual coyuntura política consiste en demostrarle al país su respeto y apego a la institucionalidad, evitando que los actos oficiales del Gobierno sean utilizados para promover su reelección.

Esto así, -afirmó Olivares-, porque ni la ley ni la Constitución prohíben que un mandatario en campaña reeleccionista deba paralizar actividades que le son propias de su mandato.

 “Pienso que el propio presidente (Fernández), al ser candidato, igual que ha ocurrido en otros países como Colombia, con el presidente Uribe (Alvaro), debe propiciar que esos eventos se conviertan en manifestaciones proselitistas a favor de su candidatura”, dijo. Olivares respondió así al preguntársele en torno a las justificaciones legales que presentó la magistrada Aura Celeste Fernández  al pleno de la JCE durante la discusión del proyecto de Reglamento de Campaña, para que ese organismo suspenda por tres meses previo a las próximas elecciones, los actos protocolares de inauguración de obras públicas.

El juez titular de la Cámara Contenciosa señaló que en la República Dominicana tradicionalmente en las campañas electorales los actos gubernamentales se convierten en manifestaciones proselitistas, porque no hay ningún procedimiento legal mediante el cual ni siquiera la JCE pueda evitarlo.

 “Por eso pienso que aquí hay un gran desafío no solamente para la JCE, sino también para el propio candidato y presidente de la República, en cuanto a demostrarle al país que está comprometido con la institucionalidad,  con el fortalecimiento y la solidificación del sistema electoral, y con una democracia que ya entra en una fase en la que tiene que evidenciar su madurez”, subrayó Olivares

Sobre el tema fue entrevistado también el juez César Féliz  y Féliz, quien se limitó a decir que respeta la opinión de la doctora Fernández, y que su propuesta será discutida por el pleno de la JCE luego de las elecciones del 2008, cuando dijo, ese organismo volverá a trabajar con el Reglamento de marras.

En otro orden, los dos magistrados coincidieron en que el proyecto de ley que procura validar la licencia de conducir vehículos de motor como documento público para realizar todas las operaciones públicas y privadas, exceptuando el derecho al voto, debe ser bien sopesado por la JCE, cuya opinión requirió la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Tanto Olivares como Féliz y Féliz adelantaron que para esa reválida habría que modificar la Ley Electoral, y además consultar a las instituciones públicas y privadas que reconocen como único documento de identidad, la cédula expedida por la JCE.