Se denomina disidente a quienes se separan de las normas de un grupo social, de una ideología o creencia, de un movimiento artístico, o a quienes se oponen a un sistema político totalitario o dogmático. La disidencia en la antigua URSS y en países de su órbita comunista de Europa Oriental, adquirió importancia especialmente desde los años 60s y principios de los 70s, sobretodo en círculos intelectuales, nacionalistas de pueblos minoritarios y entre grupos sindicales.

El voto disidente razonado es una modalidad democrática de reciente inclusión en los organismos colegiados dominicanos -JCE, Corte Suprema y Tribunal Constitucional-, en virtud del cual un juez, o jueces, en situación minoritaria  argumenta razonablemente por escrito su voto desafecto, emitido contra una decisión que consideran injusta, ilegal o imposición de la mayoría.

En el caso de la JCE, entidad de cinco miembros, el voto disidente y razonado emitido por Eddy Olivares, junto al magistrado José Ángel Aquino Rodríguez, contra la decisión que envía al Departamento de Migración 19,015 expedientes de registros de nacimiento de hijos de madres haitianas, coloca a la precaria mayoría de esa curia electoral en una situación jurídica bastante difícil, pues acusa a su presidente, doctor Roberto Rosario, de violar la Constitución de la República. Olivares afirma que Rosario, y los magistrados que le han seguido en su aventura, violaron el artículo cuarto de la Carta Magna, según el cual la JCE no puede delegar sus atribuciones relativas al registro civil.

Craso error de Rosario que desgasta la imagen exterior de la República Dominicana, sentada nuevamente en el banquillo de los acusados en la Corte de la OEA, por supuestamente vulnerar derechos inalienables de miles de ciudadanos de origen haitiano nacidos y registrados en suelo dominicano.

La JCE tiene que fallarlos.