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El abogado Juan Esteban Olivero Féliz solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Subero Isa, y a los demás jueces que integran el Pleno de ese tribunal, que revisen el proceder de la Cámara Civil y Comercial, porque algunas de sus decisiones contravienen el espíritu de justicia.
En una carta fechada el 15 de octubre de 2008, plantea que defiende el trabajo realizado por las cámaras Penal, Inmobiliaria, Disciplinaria y Administrativa, pero que no puede decir lo mismo de la Civil y Comercial porque algunos de sus integrantes no honran la responsabilidad que la sociedad ha puesto a su cargo.
Olivero Féliz le citó a los magistrados tres casos en los que la referida cámara, que preside Rafael Luciano Pichardo, habría tomado decisiones inapropiadas.
Uno de esos es el caso que llevaba Ramón Tapia Espinal ya fallecido-, quien representaba a la compañía de seguros Panamerican Life en una reclamación de pago de prestaciones por concepto de un siniestro. Aunque la Cámara Civil aceptó la notificación que se hizo de la sentencia recurrida, rechazó el recurso de casación interpuesto por Tapia Espinal, con la misma copia certificada de la sentencia que se le había notificado. Según el dictamen, la sentencia servía para ser notificada y no para interponer el recurso de casación.
Tapia Espinal perdió el caso por esa interpretación retorcida, y cuando éste se enteró de que en la Cámara Civil le habían abierto una celada jurídica en la que cayó como un niño, en ese mismo instante lo fulminó un infarto agudo que le arrancó la vida. Poco tiempo después se supo que el doctor Luciano Pichardo tenía intereses económicos envueltos en la reclamación contra la compañía Panamerican Life.
Olivero Féliz cita en su carta, para justificar sus planteamientos, un reportaje publicado en el desaparecido diario Clave Digital, el 17 de agosto de 2006, titulado Abogado español de la compañía Ros Roca denunció ante la SCJ un presunto tráfico de influencias, Luciano Pichardo impugnado en un caso por supuestas injerencias de allegados.
En el referido expediente la Constructora Cornielle reclamaba US$2.5 millones a la empresa española Ros Roca, en un proceso que tenía su origen en un negocio con el Estado dominicano.
En la cita de Clave, de la que se hace eco en su misiva, se plantea que el primer sustituto del presidente de la SCJ, Luciano Pichardo, cómo fue impugnado por la compañía Ros Roca para conocer un expediente que lo involucra, luego de que el abogado Rafael Luciano hijo fracasara en asegurarle una sentencia civil favorable de este Tribunal.
El abogado, con 44 años de ejercicio y 79 de edad, se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo una maestría en Ciencias Política y Derecho Electoral en Venezuela.
Además de ejercer como abogado, ha participado activamente en la política partidaria, como dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, del cual fue delegado ante la Junta Central Electoral.
Fue diputado durante cuatro períodos, embajador en Corea, procurador fiscal del Distrito Nacional, superintendente de Seguros y consultor jurídico de la Liga Municipal Dominicana.
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Un caso propio
El jurista incluyó en su carta la demanda que interpuso, en cobro de daños y perjuicios, que le causó el Consorcio Azucarero Central con la quema de una parte de su hacienda situada en Guaraguao, Barahona. El Consorcio fue condenado en todas las instancias, pero cuando fue a casación -en la referida Cámara- la parte recurrente pidió la suspensión de la ejecución de la sentencia. La solicitud le fue otorgada y se le fijó una fianza por RD$2.0 millones, pero se suscribió por RD$500,000, y la empresa Unika de Seguros estaba clausurada desde hacía varios años, según el reporte de la Superintendencia de Seguros. Cuando se indagó en la SCJ las razones para admitir las irregularidades la secretaria me informó que las medidas estaban autorizadas por superiores.
