RAFAEL TORIBIO
Hay comportamientos previsibles y esperados porque se corresponden con el rol asignado al sujeto que debe realizados. Por igual, hay decisiones que también son esperadas porque deben ser las tomadas en razón de un mandato existente que así lo exige. Cuando los comportamientos no son los esperados y las decisiones no son las que debieron ser tomadas, lo primero que pensamos es que ha habido un error. Cuando esta situación se repite, entonces la presunción es que no se ha querido proceder conforme a lo esperado o establecido, por olvido o decisión, o por un olvido voluntario.

Olvidar voluntariamente lo que tiene que hacerse produce normalmente graves consecuencias, tanto para la situación que se trata de obviar, como para las personas que pueden ser beneficiadas o perjudicadas con esta forma de omisión. El caso es mucho más grave si quien olvida ejerce funciones de liderazgo o poder político. A continuación paso a señalar algunos de estos intencionados olvidos.

Cuando los problemas no se solucionan estamos permitiendo que se agraven, que las soluciones sean muy costosas o que terminen por deteriorar a quién los padece, o haga imposible su recuperación. Esto es a propósito de la llamada crisis de los partidos políticos. Aunque aún tenemos un fuerte sistema de partidos, si no se aprovecha el tiempo para fortalecerlos y superar sus deficiencias, estaremos contribuyendo a que colapsen, y ya sabemos por experiencia ajena las consecuencias: a menos partidos no hay más democracia.

Cuando los acusados por fraudes no son juzgados, y si los que lo son al final no cumplen las condenas que les fueron impuestas, se está haciendo una invitación a que lo hagan de nuevo, o a que otros lo hagan por la impunidad observada. Que ninguna de las personas acusadas en los últimos veinte años por algún acto de corrupción no esté cumpliendo condena, no nos dice otra cosa.

Cuando no hay acuerdos, aunque sean mínimos, entre los actores principales del sistema, entonces todo puede ser discutido. Esta situación se manifiesta con mayor crudeza en el Congreso Nacional donde se puede someter al mismo tratamiento de negociación política un préstamo para la construcción de un tranvía, proveniente de la banca comercial, como un préstamo de una agencia multilateral de cooperación para Educación Básica. Se impone, como mínimo, algunos acuerdos básicos, al menos entre los partidos políticos con representación en el Congreso.

Hay atajos que terminan siendo más largos que el camino regular. Respecto al mejoramiento cualitativo de la educación y de nuestra competitividad como país, escuchamos declaraciones sobre decisiones a ejecutarse que en pocos años nos pondrán a la altura y a nivel competitivo con los países con mayor desarrollo científico y tecnológico. Conviene recordar que el sistema educativo es como un edificio que necesita de sólidos cimientos para el crecimiento de sus niveles superiores. Si por ventajas competitivas coyunturales debemos poner énfasis en algunos de sus niveles o modalidad, no debe hacerse en detrimento del resto del sistema.

La educación pública tiene pocos dolientes y quienes deben ser sus verdaderos dolientes no tienen capacidad para mejorarla, sino sólo para soportar las consecuencias de su mala calidad. Quienes pueden presionar para una educación de mayor calidad tienen el problema resuelto, mientras que quienes sufren las consecuencias de una educación de baja calidad no tienen capacidad de presión para que sea mejor. Los sectores altos y medios procuran en el país la mejor calidad educativa para sus hijos en la educación privada, con la colaboración de la Secretaría de Educación que exige a los centros educativos privados las condiciones para una educación de calidad. Sin embargo, la mayoría de la población tiene que enviar sus hijos a la escuela pública donde la Secretaría de Educación no dispone de las condiciones mínimas que le exige a la privada para una educación de calidad.

La negativa de un funcionario público de dar cumplimiento a lo establecido en una ley es considerado como desacato, pero ya estamos acostumbrados a que el organismo que estableció la ley, como el que la promulgó, la violen sin que ni siquiera haya el reclamo de que se está en presencia de la violación de una ley vigente. Es lo que sucede con la disposición legal que establece el 16% del presupuesto, o el 4% de PIB, para educación.

La última de las verdades intencionadamente olvidadas es que la mejor ayuda que se le puede ofrecer a los pobres para que salgan de su situación son las políticas sociales, traducidas en servicios adecuados de salud, educación de calidad, seguridad social, agua potable, transporte público eficiente, empleos y vivienda. Mientras la mayor parte de los recursos del presupuesto se orienten al pago de deudas, subsidios no focalizados, remuneraciones de personal excesivo en la administración pública, y el gasto social sea mayoritariamente de carácter asistencial, la lucha contra la pobreza será vigente solo en el discurso.