Algunos índices deplorables de la salud colectiva que incluyen pérdida de vidas están diciendo a los cuatro vientos que en el país proliferan desgracias atribuibles a la pandemia acaparadora de atención sin que aparezcan los contagios de por medio.

Solo porque la emergencia sanitaria por el coronavirus agudizó específicas desatenciones y vacunaciones como ha saltado a la vista en perjuicio principalmente de la niñez expuesta a la difteria a falta de la inmunización previa, siempre posible. Procesos para salvaguardar la salud que deben ser rutinarios han perdido intensidad o quedaron fuera de agenda.

Por otras omisiones también se muere en partos y post partos, mientras una recomendación propalada a ciudadanos desde el sistema preventivo llama a evitar su presencia en hospitales, salvo casos de gravedad, para no recibir la transmisión del germen situado en el primer plano.

Inhibirse a los extremos estaría en este momento pasando luctuosas facturas a la comunidad, lo que debería mover a un cambio de estrategia para cerrar el abismo entre la asistencia médica y las afecciones más notables que ameritan tempranas consultas y seguimientos.

En materia de inoculaciones, queda en evidencia que el riesgo de enfermar mortalmente obliga a recurrir a ellas siguiendo estrictos protocolos efectivos para disminuir la posibilidad de contraer el SARS-CoV-2. Comparando los riesgos, se ve que procede vacunar a todo dar.

Desencuentro con afiliados

Las más inaccesibles atenciones médicas para afiliados a las ARS son las que deben provenir de profesionales especializados que ahora amenazan con ir a huelga en perjuicio de pacientes del régimen contributivo en demanda de mayor paga por la cobertura de administradoras de riesgos.

Sea porque estén negados al compromiso de atender con regularidad pacientes que les reporten pocos beneficios; sea porque apliquen cobros adicionales por consultas que superan lo básico que proviene del sistema.

La relación médicos-pacientes en la Seguridad Social carece de equidad y, ciertamente, es válido el reclamo de que las retribuciones se correspondan con los niveles profesionales, conquista que debe lograrse mediante diálogo entre las partes y evitando, necesariamente, que la mejoría económica provenga por completo de las costillas de los cotizantes.