El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, al ser entrevistado ayer en Telesistema Canal 11, citó estadísticas bastante preocupantes sobre la participación de policías en el 75% de los homicidios que se cometen en este país.

En un escenario muy diferente, al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el procurador general Francisco Domínguez Brito ha hecho referencia también a la participación tan notable de policías en homicidios.

Las supresiones de vidas que se señalan incluyen aquellas que se producen en intercambios de disparos, durante los cuales caen abatidos delincuentes, reales y presuntos, así como miembros de la PN.

En el alto número de homicidios con participación de policías hay una parte que mueve a grandes preocupaciones, pero que es pasada por alto en medio del anhelo de la sociedad porque haya un efectivo combate contra la delincuencia.

A pesar de que hay vidas humanas de por medio, inclusive de policías, ninguna investigación establece, de manera diáfana y acabada, las circunstancias de cada deceso que se produce en los intercambios de disparos. En la mayoría de los casos, por no decir que en todos, las cosas quedan del modo y manera que son narradas por la Policía, a pesar de que su versión, como parte interesada, debería ser sometida a investigación por parte del Ministerio Público.

–II–

En un país en que hay policías involucrados en el 75% de la actividad homicida, lo más prudente sería que cada caso sea minuciosamente investigado, de modo que no haya resquicio de duda sobre las circunstancias en que se produjeron las muertes.

Todos en este país, y el Ministerio Público más que nadie, sabemos del descrédito en que cayeron los denominados intercambios de disparos, mediante los cuales han sido apañadas auténticas ejecuciones sumarias de personas no condenadas por la Justicia, o han sido encubiertas complicidades que correrían riesgo de ser descubiertas si se permitiera investigar a  los capturados.

Esta realidad nos ha sido enrostrada por el Departamento de Estado, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos.

El Ministerio Público, según parece, no tiene un historial de cada intercambio de disparos o suceso en que hayan muerto civiles y policías, a pesar de que en buen Derecho, esas particularidades son de alto interés.

Todos aspiramos a que se combata con efectividad la delincuencia, pero no sobre la base de un proceso de aniquilación que despierta justificadas sospechas, hasta el grado de que uno no sabe cuándo un intercambio de disparos real ha sido aprovechado para liquidar delincuentes heridos o capturados con vida.

En lo que se logra reformar la Policía y transformarla en transparente y confiable, el Ministerio Público tiene que ocuparse de investigar a fondo cada versión de intercambio de disparos, aún cuando entre las víctimas haya policías.