Sobre las muertes de presuntos delincuentes a manos de policías en “intercambios de disparos” se conoce solamente la versión de parte interesada, es decir, la Policía Nacional.

En los últimos siete meses han caído en esas circunstancias más de ciento cuarenta personas tildadas de estar en riña con la ley, pero no se conoce que el Ministerio Público haya investigado cada caso para establecer circunstancias que permitan confirmar o contradecir la versión de parte interesada. Es un mandato en todo Estado de Derecho, que las muertes sospechosas  sean debidamente investigadas por autoridad competente.

En este punto queremos reiterar nuestra resuelta defensa al derecho que tienen los policías de responder las agresiones en su contra con la fuerza que determinen las circunstancias. Sin embargo, el hecho de que su versión sobre los hechos sea la única voz que se pronuncie, crea la posibilidad de que se cometan excesos en el uso de la fuerza contra gente, inclusive, amparada en el precepto de la presunción de inocencia.

El silencio del Ministerio Público ante esas muertes es una omisión grave y que se constituye en una especie de validación tácita de la versión de los policías sobre las circunstancias en que se han producido estas muertes. En el Estado de Derecho, esas omisiones son una de las peores contradicciones a la  esencia de la Justicia. Eso es imperdonable.

Entre ciudadano y habitante

¿Se puede considerar libre una persona o familia que carezca de capacidad económica para alimentarse, educarse y procurarse buen estado de salud? La pregunta se inspira en la afirmación de monseñor Ramón Benito de la Rosa Carpio, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, de que aunque en el país hay libertad política y de expresión, para mucha gente no hay libertad económica.

En el contexto de las libertades hay reciprocidades irreemplazables. La libertad de expresión, por ejemplo, tiene correlaciones con otras libertades. La económica las tiene con muchas otras libertades, como las de la salud, alimentación y educación, para citar unas cuantas que son vitales.

La falta de libertad económica priva al individuo de la libertad de acceso a bienes y servicios que necesita para vivir. Esa libertad, o la falta de la misma, es lo que establece la diferencia entre ciudadano y un número estadístico que se conoce como habitante.