El país necesita alcanzar un estado de cosas en que ningún hecho de sangre pase desapercibido para la Justicia. Solo cuando cada muerte sea investigada y juzgada en la Justicia con todas las de la ley, estaríamos en condiciones de librarnos de la epidemia de violencia y criminalidad que nos  atormenta. Es necesario que nos esforcemos por llegar a la verdad de toda situación en que se haya atentado contra la vida humana.

Debe ser requisito ineludible para el Ministerio Público o cualquier otra autoridad competente abrir un expediente diáfano y fiel a los hechos sobre las circunstancias en que se haya suprimido una vida. El principio de la Justicia vale igual cuando la muerte es por encargo, cuando es típico ajuste de cuenta o cuando responde al desacreditado argumento del “intercambio de disparos”.

No hay manera de justificar que las muertes de civiles a manos de policías no merezcan ser investigadas con el mismo celo que la de los policías a manos de civiles. Para la Justicia no debería ser aceptable la omisión que se comete cuando la explicación de algunas muertes se  simplifica en un informe de parte interesada. El país está viviendo el horror de la multiplicación de actos de criminalidad y la manera en que la omisión de la investigación santifica muchos de esos actos.

Armas y alcohol en las escuelas

A la escuela está yendo a expresarse parte de la violencia e inseguridad que se respira en las afueras de esos centros. Con fines de protección o de agresión, estudiantes acuden a sus escuelas con toda clase de objetos cortantes y punzantes, como cuchillos, punzones y tijeras. El director de la Policía Escolar, coronel Francisco Romer López, informó a este diario que, además de esos artefactos, hay estudiantes que llevan bebidas alcohólicas.

 Con las  escuelas en precaria situación, superpobladas, profesores con deficiente formación y fallas en servicios como el suministro de electricidad, es muy difícil manejar la situación que se comenta. La Policía Escolar hace su trabajo, pero hace falta fortalecer aspectos que tienen que ver con el tratamiento integral de la conducta de los estudiantes. Es necesario una reforma que permita “aislar” las escuelas para que a ellas no ingrese la esencia de la inseguridad y la violencia que hay en los barrios.