La Oficina Nacional de Estadística (ONE) advirtió que la ley la faculta para requerir los registros administrativos producidos por los organismos del Estado y las instituciones autónomas, necesarios para la producción de las estadísticas de interés nacional para cumplir con su mandato legal, de producir y difundir datos estadísticos de calidad para el desarrollo del país.

Responde al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que afirmó que la entidad no tiene los datos porque no ha comprado el derecho.

Explica que la Ley 5096 de Estadísticas y Censos Nacionales establece en su artículo sexto que “Todos los departamentos, instituciones y oficinas del Estado y de los municipios, así como sus instituciones autónomas están en la obligación de llevar, con toda regularidad y eficiencia, las estadísticas de sus respectivas actividades, de formar y conservar ordenadamente los archivos correspondientes y de suministrar todos los informes y datos a la Oficina Nacional de Estadística, para la formación de la estadística nacional, sin necesidad de ser requeridos a ello”.

En este tenor, expresa en un comunicado de prensa, que los registros de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios son el insumo básico para la construcción de las estimaciones de población, que permiten ofrecer informaciones de la población total y por demarcaciones, año tras año.

Cuestiona que en el caso de los registros vitales, producidos a partir de las declaraciones asentadas en el Registro Civil, actualmente, personal de la ONE debe desplazarse a todos los municipios donde operan las 165 oficialías de estado civil, y transcribir manualmente las informaciones vertidas en los libros del Registro, a pesar de que esas informaciones, en un muy alto porcentaje, ya existen en formato digital.
Indica que esa situación termina por ocasionar severos retrasos, y posibilidades de errores de transcripción del personal.

Destaca las declaraciones ofrecidas de estar en disposición de cambiar esta realidad que, a todas luces es desfavorable y causa de ineficiencias en las labores institucionales.