Algunas organizaciones no gubernamentales (Ong) que no cumplen con los requerimientos establecidos, cabildean fondos públicos en la Presidencia de la República y en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Así lo afirmó ayer el director de Participación Social del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, David Arias, durante la exposición de los resultados de una investigación realizada para evaluar los logros y desafíos de la Ley 122-05, sobre las Asociaciones sin fines de Lucro.
Arias explicó que con los fondos que recibe Medio Ambiente solo pueden financiar a algunas entidades, por lo que “las otras se van entonces a la Presidencia y esta no sabe o no puede darles seguimiento ni puede supervisar el gasto de esas organizaciones”.
A propósito, señaló que actualmente la Presidencia tiene unas 500 entidades que procuran recursos y están sometidas a la evaluación de personas que no pueden darles seguimiento.
El funcionario propuso que cada cartera sea la responsable de establecer las asociaciones sin fines de lucro que califican para recibir fondos, en función de sus labores sociales.

Explicó asimismo, que de las 160 organizaciones habilitadas en Medio Ambiente, 24 reciben alrededor de 54 millones de pesos al año, y precisó que algunas captan más que otras.
En tanto, la directora ejecutiva de Alianza ONG, Addys Then, indicó que la investigación fue ejecutada con motivo de los 10 años de la Ley 122-05.
Resaltó que más de 7,000 organizaciones se registraron o actualizaron su documentación, y añadió que más de 6,000 presentan sus reportes anuales al Estado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Según ella, trece ministerios transfieren fondos a las Ong y solo cuatro forman comisiones mixtas con la sociedad civil, como ordena la ley.
El estudio estuvo a cargo de Milton Tejada, quien pidió que el Estado vigile al 30% de las Ong que no rindieron cuentas en el 2015.
Planteó que el Estado asigne fondos a las entidades que califiquen para acometer tareas sociales.