ROSARIO ESPINAL
En los años 50, 60 y 70, en medio de la Guerra Fría, a las personas que cuestionaban el sistema capitalista le llamaban comunista. Era el «cuco» de la época. Por ser comunista se podía enfrentar cárcel, exilio o muerte, y en la República Dominicana muchos pagaron ese precio.

El miedo de los grupos de poder a la transformación de los sistemas económicos era tan grande, que eliminaban físicamente a los opositores para impedir revoluciones sociales.

Tampoco fueron benevolentes con sus adversarios los gobiernos comunistas. Censuraron con fuerza la disidencia.

Pero entre fines de los años 70 y 80, dos cambios políticos modificaron las relaciones internacionales y nacionales.

A fines de los 70, Estados Unidos adoptó una política exterior dual. Por un lado, en defensa de los derechos humanos; por el otro, de destrucción del comunismo.

América Latina fue beneficiaria del cambio a favor de los derechos humanos, porque facilitó el colapso de regímenes autoritarios de derecha y la transición a las democracias electorales que conocemos hoy.

La República Dominicana fue el primer país latinoamericano que experimentó la transición en 1978, después de 12 años de balaguerismo que diezmó a los llamados «comunistas» de partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones campesinas o estudiantiles.

A fines de los 80 se produjo el derrumbe del comunismo en Europa Oriental, y en esa coyuntura, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos organismos internacionales, se propusieron apoyar cambios políticos en las nuevas democracias donde la población tenía ansias de libertad.

Con ese propósito, dispusieron recursos para financiar organizaciones no gubernamentales (ONG), bajo el argumento de que los gobiernos en países de reciente transición, no tendrían motivación suficiente para impulsar reformas destinadas a lograr mayor transparencia pública y protección de los derechos ciudadanos.

El financiamiento internacional encontró terreno fértil en los países que salían de regímenes autoritarios, donde muchas ONG trabajaban con escasos recursos para ampliar los derechos democráticos.

Son conocidas las organizaciones dedicadas a luchar por la transparencia electoral y administrativa, los derechos de las mujeres, étnicos y raciales, y la protección ambiental.

Estas organizaciones han jugado un papel fundamental empujando cambios políticos en muchos países, incluida la República Dominicana.

Pero ahora resulta que cada vez que alguna ONG avanza una causa que perjudica algún sector de poder, las descalifican. Estas organizaciones se han convertido en el nuevo «cuco» dominicano.

A Participación Ciudadana la han acusado hasta de turbera, porque algunos de sus miembros directivos asistieron a los juicios de los fraudes bancarios como gesto simbólico para exigir justicia y, además, co-patrocinó la marcha contra la corrupción.

Las principales acusaciones han provenido nada más y nada menos que de los periódicos propiedad de los dueños de los bancos quebrados.

A las organizaciones de mujeres que luchan para que se despenalice el aborto en caso de incesto, violación sexual y riesgo de vida para la madre también las descalifican.

Según un documento reciente de alto nivel eclesial, estas ONG participan del soborno a legisladores. Dicho en forma coloquial, son «mujeres del maletín».

A las ONG que luchan porque se mejoren las condiciones de vida de los haitianos en territorio dominicano también las descalifican, llamándolas anti patrióticas.

Esto demuestra que independientemente del área de trabajo específica de las ONG, las acusan de traicionar la soberanía nacional cuando promueven una causa que perjudica algún sector poderoso.

Ciertamente, esas organizaciones reciben financiamiento del exterior para realizar su trabajo porque los grupos nacionales con recursos económicos no destinan dinero en la magnitud necesaria para luchar por la transparencia gubernamental, los derechos de las mujeres, o la protección social de los más empobrecidos y explotados.

Que reciban financiamiento internacional no significa, sin embargo, que estas ONG son vende patria o malsanas. Por el contrario, ellas dedican muchos recursos y esfuerzo voluntario para mejorar la calidad de la democracia dominicana.

Pregunto: ¿Es un crimen luchar contra la corrupción pública y privada? ¿Son malsanas las mujeres que promueven los derechos reproductivos en una sociedad de instituciones patriarcales? ¿Es una traición a la patria defender a los más pobres y oprimidos, sean dominicanos o haitianos? ¿Son más patrióticos y honorables los que constantemente desfalcan el Estado y empobrecen la población desde el sector público o privado?