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BOGOTA (AFP).- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó este jueves a la guerrilla de las FARC de perpetrar un «crimen de guerra» con la masacre de 10 campesinos en una zona cocalera del municipio de Tibú, en el noreste del país.
«La Oficina de la ONU sostiene que la matanza de Tibú es un crimen de guerra ya que las FARC dieron muerte premeditada a civiles inermes, puestos en total estado de indefensión e inferioridad», subrayó en un comunicado.
La agencia de la ONU recordó que los crímenes de guerra son juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), por lo que pidió al gobierno que considere la posibilidad de levantar una reserva que impide a ese tribunal juzgar durante siete años a los grupos armados que cometan esos delitos atroces.
Además exigió al Secretariado (mando central) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia «que imparta entre todos los integrantes de su organización la orden del cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario».
La delegación de la ONU «reitera al Secretariado de las FARC que el derecho internacional humanitario prohíbe los atentados contra la vida y la integridad física de las personas que no participan directamente de las hostilidades», subrayó la nota.
Asimismo, le pidió al mando central de las FARC «que asuma plenamente las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, formuladas a los grupos armados ilegales en sus informes sobre Colombia» a fin de que la población civil sea excluida del conflicto armado.
Las víctimas eran campesinos que laboraban en la finca San Luis, en el municipio de Tibú (700 km al noreste de Bogotá), en una zona cocalera del departamento de Norte de Santander, donde el pasado 15 de junio ocurrió la masacre de 34 recolectores de coca -conocidos como raspachines-, atribuida también por las autoridades a las FARC.
«La ONU condena en forma enérgica las masacres perpetradas, en los últimos meses, contra humildes campesinos por parte de miembros de las FARC», en el departamento de Norte de Santander, subrayó la oficina del Alto Comisionado de la ONU.
«Ante estos crímenes repetitivos, la Oficina solicita de nuevo al gobierno colombiano que analice la conveniencia de retirar la salvedad formulada al Estatuto de Roma, que limita la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia», concluyó el comunicado de la ONU.
De acuerdo con el Ejército, los 10 campesinos fueron asesinados porque se negaron a colaborar con los guerrilleros para cometer secuestros y extorsiones; mientras que la masacre de los 34 raspachines fue perpetrada por las FARC en medio de una disputa contra los paramilitares por el control de esos territorios.
