NUEVA YORK (AFP).- La amenaza de nuevos ataques de la red extremista al-Qaida exige una respuesta global conjunta pero las sanciones impuestas por la ONU a países que tienen nexos con el terrorismo y otras medidas adoptadas están fracasando, según un duro informe de expertos de la organización internacional.

   Los expertos cuestionan muchas de las premisas básicas en la guerra antiterrorista, incluyendo los esfuerzos por cortar el flujo de dinero a los terroristas, aunque la mayoría de los ataques, salvo los del 11 de setiembre de 2001 pueden perpetrarse a muy bajo costo.

   Mientras tanto al-Qaida y sus partidarios hacen un efectivo uso de los medios de comunicación para lograr apoyo en el mundo musulmán, capitalizando el odio a la guerra en Irak y continúan tratando de organizar un potencialmente devastador ataque químico o biológico, señala el documento.

   Redactado por un grupo de expertos independientes, el informe pinta un sombrío panorama de países que permanecen rezagados en la persecución de los terroristas internacionales o no tienen la voluntad de ir más allá de los requisitos burocráticos requeridos para mostrar su buena fe en los esfuerzos por combatir al terrorismo.

   «La amenaza del terrorismo proveniente de al-Qaida es mayor que nunca, pero lo que ha cambiado es su naturaleza», agrega el informe al Consejo de Seguridad de la ONU.

   «No hay perspectivas de que finalicen los ataques de grupos asociados con al-Qaida», advierte el panel. «Usando un mínimo de recursos y explotando una publicidad a nivel mundial, lograron crear una sensación internacional de crisis», constata.

   Los esfuerzos por bloquear las ventas de armas y los movimientos de personas sospechosas fueron ineficaces, afirman los expertos al recordar que el Consejo de Seguridad estimó en octubre de 1999, dos años antes de los atentados del 11 de setiembre de 2001, que Al Qaida merecía una respuesta coordinada a nivel mundial.

   Luego de los atentados contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución requiriendo a todos los países miembros de la ONU congelar los haberes, restringir los desplazamientos e impedir las ventas de armas a todo individuo o grupo sospechoso de terrorismo.

   Los expertos constataron sin embargo que ningún país dio muestras de haber detenido la venta de armas o impedido los desplazamientos de las personas que figuran en la lista negra de la ONU.

   «Esta lista comienza a perder credibilidad», destacan.

   Diecinueve países admitieron la presencia de grupos ligados a al-Qaida en su territorio y 34 dijeron haber congelado los recursos financieros de los sospechosos, precisa el informe.

   No obstante destacan que ello no significa mucho. Por ejemplo en Azerbayan los bienes congelados a sospechosos de terrorismo se elevan a 40 dólares y en Portugal a 325 euros (390 dólares).

   El embajador de Chile ante la ONU Heraldo Munoz, que preside el comité que supervisa la aplicación de sanciones basado en informaciones proporcionadas por los gobiernos, brindará una conferencia de prensa este lunes sobre las conclusiones del informe.