BOGOTA (AFP).- La comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, denunció que en Colombia hay un conflicto continuo y prolongado en el que los grupos armados ilegales violan a diario el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y criticó una legislación de justicia y paz que cursa en el Congreso.

   «La situación en Colombia, a mi modo de ver, refleja las condiciones de un conflicto continuo y de hecho prolongado, en el que se debe mantener vigente la aplicación del derecho Internacional Humanitario», aseguró Arbour, en un balance de su visita de tres días al país andino.

   Según Arbour, conflicto armado y amenaza terrorista, como lo cataloga el gobierno de Alvaro Uribe, que rechaza que en Colombia exista una confrontación armada, «no son incompatibles».

   «Se puede tener un conflicto armado y actos de terrorismo al mismo tiempo. Pero la existencia de un conflicto armado es una cuestión de hecho y de derecho. Y creo que se necesita una experiencia legal para determinar si ese es el caso», precisó la comisionada en conferencia de prensa.

   Arbour denunció también las continuas violaciones del DIH por parte de los grupos armados ilegales que operan en Colombia, guerrillas izquierdistas y paramilitares de extrema derecha, y los llamó a un cese de hostilidades para facilitar una negociación de paz con el gobierno.

   «Una vez más denuncio sin equívocos las violaciones del DIH por parte de los grupos armados ilegales que operan en este país, y lamento el hecho de que no tengan la voluntad de responder a las recomendaciones de mi oficina», señaló la funcionaria de la ONU.

   «El conflicto interno armado tristemente continúa afectando a todos los colombianos, con diversas modalidades de crueldad», agregó.

   Arbour se negó a dar una calificación política a las guerrillas y grupos paramilitares, señalando que «no tenemos una opinión sobre la caracterización de los grupos armados ilegales, o de cualquiera que esté involucrado en las hostilidades, acerca de si forman o no un grupo político aceptable».

   «Nuestras recomendaciones están dirigidas a la necesidad de un cese de hostilidades por parte de todos los que actualmente están implicados en el conflicto. No tenemos una opinión sobre la caracterización política de esos grupos», reiteró la funcionaria.

   En cuanto a la negociación de paz que lleva a cabo el gobierno con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que pretende la desmovilización de unos 20.000 efectivos antes de diciembre de 2006, Arbour renovó las críticas de su oficina al proyecto de ley que estudia el Congreso para dotar de marco jurídico al proceso.

   Según la comisionada, «hay varios asuntos que me ocasionan preocupación en el proyecto de Ley, pero la cuestión principal es que no hay incentivos suficientes para que se revele la verdad».

   Hace un mes, las comisiones primeras del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate un proyecto que establece penas de 5 a 8 años para los desmovilizados acusados de delitos atroces (masacres y secuestros), les obliga a confesar y a devolver bienes adquiridos ilegalmente o robados a campesinos, y crea tribunales especiales para juzgarlos.

   La iniciativa pasará ahora a debate en las plenarias de ambas cámaras, a pesar del rechazo de las AUC, cuyos voceros han señalado que si el proyecto se aprueba como está planteado, ellos «podrían regresar al monte».

   Durante su visita a Colombia, Arbour se entrevistó con el presidente Uribe, con el vicepresidente Francisco Santos; voceros de ONG de Derechos Humanos, y viajó al empobrecido departamento de Chocó (noroeste), para visitar una comunidad atacada por las FARC en 2002, con saldo de 110 civiles muertos.