BOGOTÁ. AFP. La delegación de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia denunció este miércoles el asesinato de dos líderes campesinos, ocurrido en los últimos días en el norte y sur del país, y llamó a una «pronta y eficaz» investigación.  

«Nos preocupa mucho los asesinatos» de los dos campesinos, dijo Tood Howland, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, citado en un comunicado, en el que advirtió que los defensores de derechos humanos en las zonas rurales del país «están mayoritariamente desprotegidos».  

Recordó que en 2012 «el 97% de los defensores de derechos humanos asesinados pertenecían a zonas rurales», sin precisar el total de esos crímenes, aunque un informe previo de ese organismo daba cuenta de 37 asesinatos entre enero y septiembre de ese año.  

Las dos últimas víctimas fueron Ermes Vidal y Gustavo Pizo, señaló el informe de la ONU, que instó a las autoridades a «implementar medidas eficaces dirigidas hacia los activistas y defensores de derechos humanos rurales con el fin de proteger sus vidas».  

Vidal, un campesino desplazado de 60 años que había retornado recientemente a su tierra, desapareció el 21 de marzo y su cadáver encontrado dos días después, luego de haber recibido amenazas por hombres armados que lo conminaron a abstenerse de reclamar su terreno, indicó la ONU.  

El crimen de Vidal, que también era representante de una asociación de campesinos desplazados local, ocurrió en una zona rural del departamento (provincia) de Córdoba (norte).  

Este es el tercer asesinato de un miembro de esa familia que ocurre por «defender sus derechos como víctimas», puntualizó la ONU.  

El 25 de marzo fue asesinado Pizo, de 31 años, presidente de la Asociación de trabajadores campesinos de Totoró, en el departamento de Cauca (suroeste) y militante del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica, además de activista en el tema de reservas campesinas en esa región, anotó la ONU.  

Esas zonas, que fueron creadas por una ley en 1994, son territorios entregados a comunidades campesinas fragilizadas o amenazadas, con el fin de que las desarrollen ruralmente bajo un marco de protección especial.  

Este fue propuesto por la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la negociación de paz que adelanta en Cuba con el gobierno colombiano.