MEXICO (AFP).- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se abrirá a firma en Mérida (sureste de México) del 9 al 11 de diciembre de 2003 con el objetivo de unificar la normatividad de los Estados en la prevención y combate del fenómeno en los sectores público y privado.

El tratado busca fortalecer la cooperación internacional contra la corrupción y establece la obligatoriedad de adoptar medidas preventivas, penalizar diversos actos de corrupción, ampliar la cooperación internacional para la extradición y un mecanismo para que bienes mal habidos transferidos al exterior sean devueltos a su país de origen.

La necesidad del instrumento jurídico internacional se planteó en 2000 en el seno de la Asamblea General de la ONU.

Un año después se creó un Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de preparar el proyecto, negociado más tarde en Buenos Aires por más de 120 países hasta que el 31 de octubre de 2003 se aprobó por unanimidad la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Asamblea General proclamó el próximo 9 de diciembre, día de la inauguración, como el «Día Internacional contra la Corrupción».

La Convención contempla medidas para impulsar y fortalecer la prevención y el combate eficaz a la corrupción. Contempla la existencia de códigos de ética para servidores públicos, medidas contra el lavado de dinero, fomenta la transparencia gubernamental e involucra en el combate a la corrupción a organizaciones no gubernamentales.

Entre sus medidas preventivas está el fomento de valores como la integridad, honestidad y responsabilidad en los sectores público y privado, el evitar que el fuero de políticos sea un factor de impunidad y la transparencia en la selección y permanencia de empleados gubernamentales.

Entre las medidas punitivas está la tipificación de diversos delitos de corrupción como el soborno a funcionarios públicos o empresarios, peculado, obstrucción de la justicia, blanqueo de dinero, tráfico de influencias, abuso de funciones, encubrimiento y enriquecimiento ilícito de manera directa o en variantes como complicidad e instigación.

Los Estados que firmen la Convención se comprometerán a cooperar en todo lo relativo a extradición e intercambio de reos y a que el dinero del erario público producto de un acto de corrupción depositado en otro país sea decomisado y devuelto a su lugar de origen.

Los países firmantes deberán sostener un permanente intercambio de información como programas de capacitación, estadísticas, experiencia analítica o medidas exitosas de prevención y combate a la corrupción.

Durante la conferencia para la firma de la Convención, los países miembros de la ONU fijarán sus posturas y el tratado entraría en vigor 90 días después de que 30 países lo ratifiquen en sus parlamentos. El primero en firmarla y ratificarla será México, anfitrión y promotor de la iniciativa, según han anunciado funcionarios de la Cancillería.