UBI RIVAS
Ha procedido correcta el presidente Leonel Fernández en invitar a nuestro país a una comisión de la Oficina del Alto Comisionado del organismo internacional, para que realice las indagaciones pertinentes alusivas a si en realidad hay racismo aquí.

La comisión realiza su trabajo entre los días 23-29 de este mes de octubre, finalizado el mismo, se trasladará a la sede especializada en esa asignatura con sede en Ginebra, Suiza, donde nuestro representante es el economista Federico Cuello Camilo. El cable noticioso de EFE fechado en Ginebra y divulgado por la prensa nacional el 19 de este mes, informa que Amnistía Internacional (AI), denunció en marzo último la «existencia de una arraigada discriminación racial en RD contra inmigrantes de Haití», reclamando a las autoridades «detener las repatriaciones masivas».

«En RD continúa (AI) residen más de un millón de haitianos, en su mayoría en situación irregular (ilegales debió precisar) y entre 20 mil-30 mil son expulsados anualmente». Muy poco, añade el suscrito. Debieran ser todos los indocumentados.

La ley 285-04 que regula la política migratoria del Estado dominicano es el primer documento que presumo, tanto la Cancillería, Secretaría de Trabajo, Interior y Policía, Migración y las FAA, debieron poner en manos de la comisión, para que empezaron documentándose correcto a fin de pronunciar su consideración final al respecto.

En nuestro país existen más de 1.5 mm de ciudadanos haitianos ilegales, y desde hace tiempo, organizaciones sindicales, medios de comunicación, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y políticos variopintos, insisten en que es menester que primero el gobierno haitiano documente con una identificación a sus nacionales, y en segundo término, también lo condignó por Migración, para que luego la Secretaría de Trabajo expida un carné de trabajo provisional.

Esos trabajos podrían también ser permanentes, ó rotativos, principalmente el que atañe a las industrias de la construcción, un 60% ocupada por ilegales haitianos, superando muy ancho el expediente caduco de braceros para el corte de la caña.

En la capital dominicana todos los tricicleros de frutas, andantes o estacionarios, son ilegales haitianos, también los jugueros que se desplazan en idéntico medio de locomoción muscular, y todos los que «cuidan» los edificios en construcción o ya construidos. ¿o no es así?.

El presidente Leonel Fernández es el mayor testigo de que en el país no existe discriminación racial, donde un 88-90% de la población es de color y apenas un 12-10% blanca, incluyendo medio millón de españoles genuinos, otros descendientes de éstos y un porciento parecido de árabes.

El hecho social incontrastable de que en el fondo de la siquis de un negro palpita «levantarse» una blanca, y una negra un blanco, invierte la concepción de racismo en nuestro país, donde se dice desde tiempo inmemorial que «la perdición de un negro o una negra, es la carne blanca».

Cierto que la comisión de la ONU encontrará pobreza extrema en los bateyes azucareros, situación pesarosa que no exime a dominicanos que también residen en esos tugurios los cuales nadie ha relatado hasta ahora como Ramón Marrero Aristy en Over, una de las mejores tres novelas dominicanas que completan El Montero de Pedro Francisco Bonó y Enriquillo de Manuel de Jesús Galván.

En nuestro país no se persigue a los negros por su color, sino a los nacionales haitianos ilegales, procedimiento que aplican Canadá, Francia, Estados Unidos, los llamados «amigos de Haití» que nunca se cantean económicamente con la comunidad más empobrecida del mundo, y donde sí se practica persecución, racismo, en grupúsculos nazis, Ku Klux Klan y otras referencias abominables, hacia donde no acuden los organismos antirracismo de la ONU y AI. ¿Por qué?