Naciones Unidas (EFE).- La ONU hizo ayer un llamamiento para acabar con la cultura de impunidad de la violencia contra mujeres y niñas, que constituye un impedimento para lograr la igualdad de género, la paz y el desarrollo.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, varias agencias de la ONU se unieron en una sola voz para pedir el fin de la impunidad contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, un problema que afecta a cada uno de los países del mundo.

“Cada día se comete violencia contra las mujeres y las niñas en cada uno de los países del mundo. Trasciende más allá de la política, la cultura, la religión, la raza, la clase, la edad y los ingresos. Sucede en tiempos de paz y durante conflictos armados”, señaló Rachel Mayanja, asesora especial de la ONU para cuestiones de género.

Señaló que la violencia contra las mujeres es una causa y consecuencia de la discriminación que sufren, y pidió a los Estados miembros de la ONU hacer todo lo que está en sus manos para acabar con esta pandemia.

Recordó que sólo la mitad de los 192 países de la ONU cuentan con legislaciones para castigar la violencia doméstica, mientras que el número se reduce aún más cuando se trata de leyes para combatir el acoso sexual o el tráfico.

“Incluso cuando estas legislaciones existen, la mayoría de veces no se implementan. Los crímenes contra las mujeres no son investigados y sus autores pueden escaparse de la justicia y la condena”, declaró.

Por su parte, la directora ejecutiva de UNIFEM, Noeleen Heyzer, hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad donante aumente los recursos para el Fondo Fiduciario de la ONU, que se creó hace diez años, destinado a programas para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, el mencionado fondo ha concedido trece millones de dólares en subvenciones en 230 iniciativas en un centenar de países del mundo relacionadas con todo tipo de violencias, como la doméstica, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, el tráfico y la falta de acceso a terapias para luchar contra el VIH-Sida.

   “Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas es una pandemia que tiene solución. Se pueden hacer muchas cosas. A no ser que se mejore el sistema de justicia criminal de los países, la impunidad seguirá existiendo”, indicó.

   El Fondo Fiduciario, que cuenta para este año con tres millones de dólares, un presupuesto muy por debajo del objetivo fijado de diez millones, también patrocina programas de capacitación y formación de jueces en países africanos, como Liberia, por lo que instó a una mayor inversión en el sector judicial.

   “Existe un déficit institucional y de financiación para combatir la violencia contra las mujeres y niñas”, acotó.

   Por su parte, la directora ejecutiva adjunta del Fondo para la Infancia (UNICEF), Rima Salah, puso hincapié en la necesidad de combatir la violencia sexual en los países que sufren conflictos armados.

   “Es necesario hacer más para combatir la impunidad en estos crímenes, ya sean cometidos por actores gubernamentales o no”, indicó.

   En este sentido, aplaudió la actuación del fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, quien imputó cargos contra el ex viceministro del Interior de Sudán, Ahmad Mohamed Harun, y al líder de la milicia “Yanyauid”, Ali Kushayb, por crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en la región sudanesa de Darfur.

   Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU se unió a la petición con la adopción de una declaración presidencial en la que se pide acabar con la impunidad contra la violencia sexual, secuestro y tráfico del que son víctimas las mujeres en los conflictos armados.

   En el documento, también se insta a los Estados miembros a garantizar una mayor representación femenina en las tomas de decisiones, tras reafirmar el valioso papel que realizan las mujeres en la resolución y prevención de conflictos.

   Además, el Consejo abogó por una mayor participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, en rangos superiores de gestión, pero también en posiciones como observadoras militares, policía civil, expertas en derechos humanos y asistencia humanitaria.