NACIONES UNIDAS (EFE).- La lucha contra el terrorismo internacional, y en concreto contra Al Qaida y los talibanes, requiere de una mayor severidad y contundencia en la congelación de activos y en el embargo de armas.

Así lo señaló ayer el embajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz, en la lectura de su último informe como presidente del Comité de Sanciones contra el régimen talibán y Al Qaida, presentado ante el Consejo de Seguridad.

El Comité trabaja básicamente en dos líneas: la elaboración de una lista de miembros y organizaciones vinculadas a Al Qaida y a los talibanes, y la aplicación a éstos de determinadas sanciones, como son el embargo de armas, la congelación de activos y la prohibición de viajar.

Para ambas cosas, el comité necesita la colaboración de los países miembros de la ONU, si bien el grado de ayuda ha sido diverso, pues sólo 93 países (el 49 por ciento del total) ha presentado los informes requeridos por el comité, señaló hoy Muñoz.

Gracias a estos informes, la lista está formada hasta ahora por cerca de 300 personas y un centenar de organizaciones, cifra que todavía sigue siendo insuficiente para una lucha eficaz contra el terrorismo, según puso de manifiesto Muñoz, que durante el mes de enero preside además el Consejo de Seguridad.

En los últimos meses, Muñoz ha viajado a una decena de países de Oriente Medio, Europa oriental, Asia occidental y el sudeste asiático, para conocer cómo se están aplicando las sanciones.

La conclusión que ha extraído, según explicó hoy, es que es necesario mejorar la congelación de activos, de manera que no solo afecten a las cuentas bancarias, sino a otro tipo de fuentes de financiación, como por ejemplo los negocios.

«Los flujos de dinero destinado a financiar actividades terroristas siguen siendo un problema», aseguró Muñoz, quien además pidió medidas «para acabar con los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo».

Otra de las medidas antiterroristas es la prohibición de viajar, si bien la efectividad de esta medida depende de «calidad y credibilidad» de la lista de individuos a la que se aplica, y que conviene mejorar.

Además, Muñoz se quejó de que aproximadamente una tercer parte de los Estados que han presentado informes todavía no han incorporado la lista a sus controles fronterizos nacionales, generalmente por la dificultad de identificación de los presuntos terroristas.

En la lectura de su informe, Muñoz explicó al Consejo de Seguridad que, de todas las sanciones previstas, el embargo de armas es una de las más difíciles de aplicar, dado que la producción de armamento es considerado en muchos países como una cuestión de «seguridad nacional».

Otro motivo es que los países hacen distintas interpretaciones de esta prohibición, pues mientras unos la dirigen sólo al armamento ligero, otros, de manera más responsable, incluyen «la tecnología de doble uso y otros materiales que pueden ser utilizados para crear armas de destrucción masiva».

Muñoz avanzó que en unos días el Consejo de Seguridad aprobará una nueva resolución en la que se contemplará un endurecimiento en el régimen de sanciones, que sustituirá a la anterior resolución 1455, aprobada hace un año.

Todos los países que intervinieron en el debate coincidieron en señalar que la elaboración de una lista de presuntos terroristas es el instrumento más efectivo para el control del terrorismo.

No obstante, algunos países se muestran reticentes a colaborar, entre otros motivos por falta de voluntad política o de recursos y de capacidad técnica, según sintetizó el embajador chileno.

Para el embajador de Argelia ante la ONU, Abdallah Baali, el principal obstáculo es la reticencia de muchos países a admitir que cuentan con individuos u organizaciones conectados con el terrorismo.

En este sentido, el embajador británico, Emir Jones Parry, pidió a estos países que no se sientan «estigmatizados» por reconocer que cuentan con terroristas, dado que Al Qaida y los talibán son «una red mundial sin fronteras ni nacionalidad».