PUERTO PRINCIPE.- La ONU pidió a su personal en Haití salir del país por un mes ante la actual crisis social y política, informó una fuente diplomática este lunes en Puerto Príncipe.

La información no pudo ser confirmada de inmediato en la sede de ONU en Nueva York. La ONU tiene unos 100 funcionarios en Haití.

Haití sufre una insurrección armada que se inició el 5 de febrero y que ha dejado unos 60 muertos y varios cientos de heridos.

[b]LA UNIÓN EUROPEA[/b]

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Dominique de Villepin, pidió este lunes en Bruselas la «implicación de la UE» para encontrar una solución a través del diálogo en Haití.

«La única solución para nosotros es el diálogo», de ahí la «importancia de la implicación de la UE» en varias iniciativas, declaró Villepin, que recomendó a los ciudadanos franceses «salir del territorio».

Los europeos pueden «apoyar a través de la mediación política el plan de acción» para solucionar la crisis propuesto por el Caricom, Estados Unidos, Francia, Canadá y la Organización de Estados Americanos (OEA), sugirió.

[b]TEMOR EN LA CRUZ ROJA[/b]

La situación en Haití es tan incierta que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) teme que los grupos levantados en armas extiendan su control del norte al sur del país y lleguen hasta Puerto Príncipe, lo que acarrearía consecuencias imprevisibles.

El jefe de operaciones para América Latina y el Caribe de esa organización, Yves Giovannoni, expresó ayer estos temores y sostuvo se trata del escenario más pesimista que maneja la agencia humanitaria.

A esa situación sigue la posibilidad de un «estancamiento» del conflicto con los grupos rebeldes controlando el norte haitiano por un tiempo indeterminado.

El CICR trabaja en función estos dos escenarios, sobre todo después del fracaso este fin de semana de la mediación de la comunidad internacional que había propuesto la designación de un nuevo primer ministro con poderes ampliados, mientras el presidente Jean Bertrand Aristide mantenía su cargo.

Las fuerzas rebeldes rechazaron tal planteamiento, pues su objetivo declarado es sacar a Aristide del poder.

Giovannoni precisó que frente a la incertidumbre, el CICR se prepara para hacer frente a un eventual corte de los servicios públicos, particularmente de salud, por lo que se prepara al personal médico local para manejar una emergencia agravada.

Además, la organización intenta organizar los hospitales -abasteciéndolos de material y personal- para un aumento repentino de heridos si los enfrentamientos se intensifican.

En los últimos días se ha registrado un promedio de 50 heridos al día, precisó el delegado de la agencia humanitaria.

Giovannoni añadió que la ausencia de control policial ha conseguido que un gran número de convictos salga de las cárceles, y se aumente la inseguridad que ya reina entre la población.

Aunque no existen cifras exactas, se estima que las cárceles de Haití albergaban antes de la insurrección alrededor de 3.000 detenidos, la mayoría de los cuales estarían hoy en las calles y muchos de ellos combatiendo al lado de algún grupo rebelde.

Giovannoni dijo que la situación es de tal complejidad que no se sabe exactamente cuántos grupos rebeldes armados hay, el número de personas que los integran, ni bajo qué órdenes están ni cómo se financian.

Precisó que existen varios grupos que se han unido en «plataformas» o «frentes de combate», mientras que otros actúan por su cuenta, e incluso algunos de ellos son residuos del ejército creado por la pasada dictadura de los Duvalier.

A esto se suma las pequeñas insurrecciones en zonas alejadas de los combates, especialmente en el sur del país, protagonizadas en su mayoría por estudiantes que también piden la dimisión de Aristide.

Aunque los esfuerzos del CICR se concentran, de momento, en garantizar que los servicios de salud sigan funcionando, también trabaja con ingenieros para reforzar distintas infraestructuras básicas y no excluye la posibilidad de brindar ayuda alimentaria a la población.

En opinión de Giovannoni, la situación de Haití es particularmente grave, porque «la insurrección política ocurre en un contexto de profunda crisis económica, lo que lo convierte en un país aún más frágil».

El CICR se mantiene por ahora en contacto con las diferentes facciones armadas, así como con las autoridades de Puerto Príncipe para asegurarse de que su personal pueda cumplir su misión, lo que «no significa necesariamente que haya una relación de confianza».