Este martes estaba previsto que los encartados en el caso de corrupción administrativa, investigación que el Ministerio Público ha denominado “Operación Anti Pulpo”, comparecieran ante la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, sin embargo, por el grosor del expediente que contiene la solicitud de medida de coerción y la tardanza con el que fue depositado, le fue otorgado un plazo de seis días a la defensa técnica de los imputados para que pueda estudiar el documento.

En el expediente, el Ministerio Público determinó que Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.

“Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, por medio de operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas”, indica un comunicado de prensa de la institución.

Para operar este supuesto entramado de corrupción, el hermano del expresidente fungió como un pulpo valiéndose de testaferros para ganar licitaciones en las instituciones como el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Ministerio de Salud Pública y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

A parte de Juan Alexis Medina Sánchez, hilo conductor de este caso, según la Procuraduría, los demás encartados son la hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez (exvicepresidenta del Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, (expresidente del Fonper), Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez (exministro de Salud Pública), Francisco Pagán (exdirector general de Oisoe).

También Rafael Antonio Germosén Andújar (excontrolador general de la República), Aquiles Alejandro Christopher Sánchez (exdirector de Fiscalización de Oisoe), Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

Por la gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de lo cometido, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, que puede llegar hasta 20 años, el órgano persecutor indica que es necesario que este caso sea declarado complejo, al amparo del artículo 369 del citado Código Penal Dominicano y que el juez le imponga prisión preventiva como medida coercitiva.

Desde ya esté requerimiento fue cuestionado por la defensa de los imputados, quienes entienden que sus defendidos no suponen un intento de fuga. Además califican como un espectáculo la forma en la que el Ministerio Público ha manejado y difundido información sobre este caso.

Sin embargo, el Ministerio Publico manifestó en el expediente de 267 páginas su temor de que los hoy imputados puedan darse a la fuga una vez le sea impuesta una medida menos gravosa o que en su defecto obstaculicen la investigación.

“Los jueces deben tener en consideración el hecho comprobado de que los imputados forman parte de manera asociada de un grupo criminal que desde hace varios meses ha estado adulterando, destruyendo y ocultando evidencias, útiles y pertinentes para la investigación e intimidando a testigos para que se abstenga de declarar o para que coordinen la defensa con ellos», cita el expediente.

Otros de los requerimientos del organismo al tribunal, es la clausura temporal de las razones sociales Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL.