Las investigaciones fueron encabezadas por el Ministerio Público en colaboración con los técnicos de la Junta Central Electoral

SANTIAGO. La Fiscalía de Santiago depositó ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción el escrito de acusación con imputaciones múltiples contra 13 implicados en la red delictiva que operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago y que tramitó miles de documentos falsos públicos y privados, los cuales pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país.

La acusación que refiere sobre acciones altamente peligrosas, puestas al descubierto por la Operación Colibrí, se extiende en más de 600 páginas que describen el modo en que esta estructura se conformó, aliando a sus filas a personas que jugaban diversos roles, para falsificar documentos como cédulas de identidad, licencias de conducir, carnet de distintos tipos, licencias para el porte de armas de fuego, títulos de propiedad, entre otros.

Los acusados que se constituyeron en miembros de esta red de criminalidad organizada son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo).

Además, están acusados de conformar la estructura criminal, Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso.

La Fiscalía de Santiago, en diligencias que realizó junto a un equipo de expertos y oficiales encubiertos de la Junta Central Electoral, aportó más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó mediante allanamientos judicialmente avalados, que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.

La investigación del Ministerio Público arrojó, además, que los trabajos captados por los denominados «buscones» o tributarios eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.

Así también, los acusados se encargaban de borrar el contenido de las actas originales preservando el papel de seguridad en que las mismas eran impresas, para luego imprimir la información falsa, generando un documento con todas las características de seguridad del original.

La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al proceso es por la violación a los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano; artículo 13, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura autentica o pública y falsedad en escritura privada.

Con relación al acusado Montero Troncoso, exempleado del organismo electoral, se le imputa la violación a los artículos, 265, 266, 145, artículo 86 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículos 6 párrafo I, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la asociación de malhechores, falsedad y alteración de la naturaleza de los actos y accesos fraudulentos a una base de datos.

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