Brasilia/São Paulo (EFE).- La Policía Federal de Brasil desplegó este jueves una gran operación que señala al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados más próximos, entre ellos exministros y militares de alta patente, por intentar un golpe de Estado que mantuviera en el poder al líder ultraderechista tras las elecciones de 2022.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenó al exmandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas y le prohibió mantener contacto con otros investigados, dentro de este operativo policial que cumplió diligencias en una decena de estados.

Según un comunicado de la Policía Federal, se busca esclarecer si los investigados integraron una “organización criminal” que actuó “en la tentativa de golpe de Estado” para “mantener al entonces presidente de la República en el poder” y evitar la asunción del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder desde el 1 de enero de 2023.

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Los agentes cumplieron este jueves 33 órdenes de allanamiento (registro) y 4 órdenes de prisión preventiva, y además impusieron 48 medidas cautelares a los sospechosos.

Vasta operación policial

De acuerdo con la prensa brasileña, han sido objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.

También están en esa lista el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 protagonizada por simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL) del exmandatario brasileño.

Detenidos tres militares y un asesor de Bolsonaro

La Policía Federal no especificó contra quiénes son las órdenes de prisión expedidas por la Corte Suprema.

Sin embargo el diario ‘O Globo asegura que, los cuatro detenidos son: Filipe Martins, un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército.

La Policía Federal sospecha que ese grupo de políticos y militares integró una “organización criminal” que actuó “en la tentativa de golpe de Estado” para “mantener al entonces presidente de la República en el poder”, según señaló la institución en una nota.

La investigación apunta que el grupo investigado “se dividió en núcleos de actuación para diseminar” sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, “antes incluso de la celebración de los comicios”.

Según la Policía, con esa estrategia buscaban “legitimar una intervención militar”.

Sembrar dudas

Los investigados supuestamente construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas.

De acuerdo con la Policía Federal, hubo un segundo núcleo de actuación que “consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.

Esos hechos culminaron con la asonada del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento desesperado para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido el poder una semana antes.

Bolsonaro también es investigado en este episodio por incitar a sus acólitos a tomar el poder por la fuerza.