Fue aplazado para el próximo viernes 30 de abril, el conocimiento de la medida de coerción contra el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero y Raúl Alejandro Girón Jiménez, por su vinculación a una red de corrupción denominada “Operación Coral”.

La magistrada Kenya Romero, quien es la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, tomó la decisión para que la defensa de los acusados conozca a profundidad el expediente instrumentado por el Ministerio Público.

Al grupo apresado el pasado sábado, se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.

En cuanto a la presunta participación de la pastora Rossy Guzmán, el expediente señala que la primera de las empresas (disfrazada de ONG) formada por el mayor general Cáceres y el coronel Núñez de Aza con la intervención de esta asimilada de la Policía Nacional fue la Asociación Campesina Madre Tierra, la cual, según la Pepca, era utilizada como “uno de los instrumentos financieros de esta organización criminal para captar, convertir y transferir activos con el propósito de ocultarlo y disimular su procedencia ilícita”.

Según el MP, la red también utilizaba para estos fines el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, controlado absolutamente por familiares directos del mayor general Cáceres Silvestre, y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, integrado por Cipriano Agustín, quien además es miembro directivo del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve.

El organismo afirma que Agustín recibió un cheque de parte de Cáceres por valor de RD$9 millones por concepto de “compra del local del templo”, lo que “demuestra su vinculación directa con esta institución para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de un tercero, que utiliza como testaferro”.

Como parte de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, según se informó.

Asimismo, han ocupado bienes millonarios al general Adams B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y los demás apresados hasta el momento, como parte de la primera fase de la “Operación Coral”.

Los imputados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva (CAPLIP-2), que está bajo custodia del Modelo de Gestión Penitenciaria.