En su expediente de solicitud de medida cautelar, la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa, establece que el mayor general el Ejercito Adams Cáceres Silvestre logró incrementar su patrimonio de manera injustificada en ocho años mediante el lavado de activos, el testaferrato, la constitución la constitución de varias empresas para el ocultamiento de bienes muebles e inmuebles, entre otras modalidades.

Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) durante la gestión del expresidente Danilo Medina.

Aquí su historia de ascenso millonario

Desde el 25 de septiembre del año 2004, Cáceres Silvestre estuvo asignado a la seguridad del hoy expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, siendo ascendido al rango de General de Brigada el 15 de agosto del 2012, un día después fue ascendido al rango de Mayor General y nombrado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), posición que ocupó durante 8 años, específicamente hasta el 16 de agosto del 2020.

Al momento de ingresar al CUSEP, los ingresos mensuales promedios del general eran de 35 mil pesos y solo poseía un apartamento ubicado en el Complejo Habitacional Ciudad Satélite que le fue asignado mediante decreto en abril de 1998.

Por concepto de su desempeño como jefe de la Seguridad Presidencial recibía una compensación mensual de cien mil pesos más otros 225 mil que obtenía del Ejército.

Al terminar su gestión como director del CUSEP, los ingresos del oficial fueron reducidos a RD$45,430, recibiendo un neto de RD$33,163.90.

Su esposa, Noemi Quezada Minier de Cáceres, devengaba un salario neto de RD$71,445.10 por su trabajo como analista de contabilidad III en el Banco Central, empleo al que renunció en octubre de 2020.

Con solo seis meses en el cargo de director del CUSEP (11/01/2013), Cáceres Silvestre adquirió un terreno, en el exclusivo sector Colinas del Oeste, comprado, por la cantidad de RD$1,300,000.00. Dicha compra no se corresponde con ningún tipo de financiamiento bancario asumido por este ni su esposa, indica la Pepca.

Un mes después, adquirió una residencia de dos niveles ubicada en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor de nueve millones de pesos.

En la declaración jurada de bienes, que Cáceres depositó ante la Cámara de Cuentas, un año y cuatro meses de asumir su cargo público, figura como accionista de la empresa Inverosa S.A., con una inversión de tres millones de pesos. La Pastora Rossy Guzmán es la accionista mayoritaria con el 85% de las acciones de esta entidad.

Para el Ministerio Público, con menos de dos años en el cargo sin antecedentes mercantiles, era injustificable que el general pudiera haber conseguido lícitamente dos inmuebles y tener más de cinco millones de pesos ahorrados.

Posterior a la compra de la casa de dos niveles, el matrimonio Cáceres Quezada obtuvo un primer crédito a través del Banco de Reservas por la suma de 6.2 millones de pesos.

El primero de mayo de 2014, la pareja obtuvo un inmueble en el condominio Torre Hariannet IX, en el sector de Los Millones, Distrito Nacional por un monto de RD$10,368,000.00.

El expediente que busca que se le imponga un año de prisión preventiva al oficial, indica que en 2016 (año electoral) este movilizó más recursos y en los subsecuentes fue baja.

Como el general no podía continuar adquiriendo bienes que no era posible justificar con sus ingresos, se asoció con el coronel Rafael Núñez de Aza, quien a parte de ser su socio es financiero y administrador de sus bienes. Juntos pudieron darle un uso discrecional y poco estricto a los fondos que administraba la institución, los cuales ascendieron a unos tres mil millones de pesos.

La relación de negocios con el general, le permitió ascender en las filas del organismo del orden a Núñez de Aza, quien ingresó a la Policía Nacional en 2007.

Cáceres lo nombró encargado del Departamento Financiero del CUSEP con un salario de 70 mil pesos, pero también ocupó simultáneamente el cargo de gerente Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística por 73,517.06 pesos durante los ocho años del gobierno de Medina.

“Los imputados Rafael Núñez de Aza y Adán Benoni Cáceres Silvestre colocaron los activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y dólares estadounidenses que le servían de soporte para tomar préstamos que eran pagaderos en tiempo récord sin tocar nunca los valores de los certificados, llamando poderosamente la atención la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales y de esta forma, como experto financiero, obtenía prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años”, indica el expediente.

La distracción de fondos la realizaban, por ejemplo, con la emisión de cheques de su cuenta bancaria personal a nombre de los otros de los imputados de la red con la finalidad de colocar activos del crimen, como es el caso de los imputados Rossy Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Taimer Flete Guzmán.

Para la diversificación del activo se constituyeron diferentes compañías: Randa Internacional Company EIRL, CSNA Universo Empresarial SRL y Aldom Glass Alumiminium SRL, por medio de las cuales obtienen otros muebles e inmuebles: vehículos de motor de alta gama, operadores de trabajo, terrenos rurales, villas turísticas, casas suntuosas, entre otras, bajo una sombrilla que le permite ocultar el verdadero origen de los bienes que viene siendo la practica más común en materia de lavado de capitales.

Según el Ministerio Público, la red que encabezaba el general lograba distraer más fondos públicos con las siguientes acciones:

1. Distracción fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización.
2. Desviación de fondos que eran para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribuciones de raciones alimenticias y viáticos presentando gastos ficticios para estafar al Estado Dominicano.
3. Utilización de organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado.
4. Falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado Dominicano.

El organismo advierte que Cáceres Silvestre y su socio Núñez de Aza continúan recibiendo dinero producto de las maniobras fraudulentas.