Este viernes a las 10:00 de la mañana se espera que le sea conocida la medida cautelar a los implicados en el supuesto entramado de corrupción que se dedicó a estafar al Estado dominicano a través de la distracción de fondos públicos y lavado de activos en organizaciones religiosas.

La audiencia fue aplazada para hoy por decisión de la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien le concedió más tiempo a los abogados de la defensa para conocer el expediente de 195 páginas que elaboró el Ministerio Publico.

Guardan prisión desde el sábado pasado en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva (CAPLIP-2): el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel y exdirector financiero del CUSEP y CESTUR Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En el expediente, la Pepca también menciona como imputados al sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz y el cabo de la Policía Nacional, adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Eric Daniel Pereyra Núñez.

La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.

El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para los apresados en la primera fase de Operación Coral y declarar el caso complejo.