Pantaleón Nieces, abogado de María Olimpia Tavares Rodríguez, Antonio Tavares Checo y Ana Collado, implicados en la Operación Falcón, aseguró este viernes que sus clientes no tienen nada que ver con la desarticulada red de narcotráfico.

“En el caso de las tres personas que yo represento, supuestamente detectaban bienes que pertenecen a los perseguidos, es decir, un asunto de testaferrato y lavado de activo más que otra cosa. Nada que ver con narcotráfico, nada que ver con crimen organizado, que es lo que de manera principal la llamada Operación Falcón, andaba buscando”, dijo el profesional del derecho.

Nieces  manifestó que como defensa técnica, tienen el rol de demostrar durante la audiencia de solicitud de coerción que se conocería hoy, que los hechos no han ocurrido como establece el Ministerio Público en la acusación.

“Nosotros como defensa técnica, estamos listos para conocer la medida de coerción en el día de hoy. Hoy se vencen las 48 horas que establece la Constitución para que una persona sea presentada por ante un juez”, añadió.

Además de María Olimpia Tavares Rodríguez, Antonio Tavares Checo y Ana Collado, también fueron arrestados Juan José de la Cruz Morales (Wandy, Wander, W, El Michero, El Hombre o El Don) y Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder.

También, Lenin Bladimir Torres Bueno, Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary), Elva Teresa Polanco, Delfina Asunción Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, la presentadora Dianabel Gómez, entre otros.

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 ¿Cómo y dónde operaban los implicados?

Según las autoridades, los involucrados en la red de narcotráfico, crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico que tenían como centro de mando, control y lavado de activos a la provincia de Santiago”.

Dicha red operaba en la zona norte de República Dominicana, en especial en Santiago, pero con ramificaciones en la región este del país.

Agrega que los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al territorio continental de Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.

También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.

Según el Ministerio Público, producto del narcotráfico, los vinculados a la organización criminal, adquirieron cientos de propiedades, armas de fuegos de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.