La operación Gavilán, ejecutada por la Procuraduría General de la República y que involucra a personal de la propia institución, demuestra el nivel de penetración que ha conseguido el crimen organizado en el país.

El supuesto entramado, que incluye a fiscales, personal administrativo del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional, está acusado de extorsionar y recibir sobornos por parte de criminales, a quienes les borraban sus antecedentes penales.

Las acusaciones son graves y expertos aseguran que es un tema que debe investigarse a fondo y servir de punta de lanza, para sanear el sistema judicial en sentido general.

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Los primeros allanamientos, que dejaron un total de 12 personas detenidas, destaparon una caja de pandoras, que busca desbaratar una presunta red, más peligrosa de lo que se piensa, según señalan expertos.

El procedimiento judicial recién empieza, pero dada la gravedad y las tipificaciones que presentan las acusaciones del Ministerio Público, juristas adelantan las posibles penas a las que se pudieran enfrentar los encartados.

El abogado penalista Harold Echavarría indica que por las acciones individuales como falsificación y reinicio de registros penales, los imputados, de ser hallados culpables, pudieran enfrentar de entre cinco a 10 años de prisión.

Sin embargo, el futuro judicial de los acusados empeora, bajo figura de asociación de malhechores, tipificaciones que conllevan penas mayores.

“Esta estructura, supuestamente se dedicaba a la eliminación (de fichas judiciales), falsificación, extorsión y soborno, visto estos tipos penales, dentro de las más graves está el uso de documentos falsos, que conllevaría una pena de cinco a 10 años; ahora bien, también se encuentran violaciones a los artículos 265 y 266, concernientes a asociación de malhechores, que pudieran elevar las penas en hasta 20 años.”, indicó Echavarría.

En ese sentido, prevé que luego de que el MP presente el pedimento de coerción, el caso será declarado como complejo, con prisión preventiva.

“Estamos casi seguro que el caso se declarará complejo y se dictará hasta un año de prisión preventiva, puesto que se trata de un entrando en lo que hay pluralidad de hechos y de personas”

El «modus operandi» del entramado, pudo haber permitido incluso a privados de libertad y cumpliendo condenas, limpiar sus expedientes, para la emisión de documentos de no antecedentes penales, lo que hace aún más complejo el caso.

Representantes de la sociedad civil señalan los peligros de que una red de este nivel opere en el país, pero sienta un precedente que puede permitir una profilaxis interna en los organismos judiciales.

En ese sentido, Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, así como el mayor general retirado de la Policía Nacional Juan Tomás Taveras Rodríguez, coinciden en que urge que este caso llegue hasta las últimas consecuencias.

“Eso tendría una repercusión peligrosa de cara al futuro. Una propuesta que nosotros hacemos es hacer un levantamiento partiendo de los departamentos investigativos… y buscar la data para reconstruir la certidumbre de esos archivos (alterados)”, expresa Vidal Potentini.

Mientras que Taveras asegura que estructuras como estas son secretos a voces, que debieron ser atacas desde hace mucho tiempo, por lo que aplaude que el Ministerio Público haya puesto en marcha la Operación Gavilán.

“Son todos crímenes graves que demuestran claramente que se trata de una red criminal y el crimen organizado como tal, debe ser tratado. No se ha visto este caso como una simple acusación antiética o administrativa, sino como parte de una red de organización criminal trasnacional”, indica el alto oficial retirado.

Sin embargo, entiende que aunque hay un agente y un exoficial de la PN involucrados, no se puede culpar a la uniformada por acciones cometidas por uno de sus miembros.

Asegura que todas las profesiones tienen personas buenas y malas, pero que no por eso se puede generalizar, aunque entiende que la institución debe ser saneada, fortalecida y mejorada.

Asimismo, considera que la Policía Nacional es un reflejo de la sociedad y de los niveles de corrupción que imperan en el país, pero que están siendo atacadas con acciones como esta.

Se espera que en las próximas horas sea depositado el pedido de medida coercitiva contra los 12 encartados en el Caso Gavilán y las autoridades no descartan nuevos apresamientos en las próximas horas.

Los apresamientos se produjeron luego de que se detectara que Joel Ambioris Pimentel García, alias “la J”, acusado de amenazar a la procuradora Miriam Germán Brito, apareciera sin antecedentes penales, a pesar de supuestamente haber enfrentado a la justicia dominicana por narcotráfico.

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Incluso, el mismo día de los allanamientos en varias zonas del Cibao Central y el este del país durante la operación Halcón IV, “La J” hacía referencia a que no poseía fichas en el país y eso se podía comprobar en el documento emitido por la Procuraduría, lo que activó la alarma de las autoridades.