Julio A. Vargas Jiménez 
Rafael Stefano Canó Sacco, apresado en España por agentes de la INTERPOL que ejecutaron una orden de arresto en su contra emitida por las autoridades dominicanas por su vinculación a la red que, según el Ministerio público, estafaba al Estado Dominicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR), se desempeñó como Jefe del Gabinete del Procurador, Jean Alain Rodríguez, desde agosto de 2016 hasta agosto de 2020.
Las funciones de Canó Sacco, prófugo desde julio pasado, en la Procuraduría General de la República eran coordinar a nivel nacional las iniciativas y proyectos especializados de carácter administrativo, operativo y de recursos humanos. El Ministerio Público establece que benefició a su socio, Daniel Elías Manzur Báez, a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez, EIRL, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana.
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Según declaraciones de la testigo del Ministerio Público, Rainery Elizabeth Medina Sánchez, Soluciones Manzur no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente 50 millones millones de pesos a la institución. Esta acción a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Asimismo, el Ministerio Público indica que Canó Sacco tenían incidencia directa respecto al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones. También es vinculado a la compra de mobiliario para Jean Alain Rodríguez para la inauguración de Las Parras.
De igual modo, es vinculado a «Graves irregularidades» en al contratación de la empresa Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, SRL. a la que se le pagó más de 19 mil millones de pesos por un fin distinto al contratado, entro otras acciones que rigen con la ley.
El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
