Este lunes 25 de noviembre a las 2:00 de la tarde se conocerá la solicitud de la medida de coerción contra los agentes involucrados en la Operación Pandora, una red que supuestamente sustrajo más de 900 mil municiones desde Intendencia de Armas de la uniformada para distribuirlas de manera clandestina.
La medida estaba prevista para conocerse el 19 de noviembre, sin embargo, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la solicitud, alegando que necesitaba más tiempo para analizar el extenso volumen de pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales sustentan el pedimento de prisión preventiva y la declaratoria del caso como complejo.
La solicitud de medida de coerción consta de 213 páginas, contiene 135 elementos de prueba contra las 10 personas físicas y una jurídica señalada en el caso.
Imputados
Dentro de los imputados figura el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la custodia de armas y municiones; el exsubintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada a este último, entre otros.
Operación
La Operación Pandora, que llevó a la detención de los imputados, fue ejecutada en octubre, luego de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
El Ministerio Público destacó que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los investigadores.
Durante las diligencias investigativas, se incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos de dispositivos electrónicos. Todo este material consolidó un robusto conjunto de pruebas que fueron presentadas ante el tribunal.
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