Llevar tranquilidad a la población, reducir la delincuencia y buscar una “paz que no sea mafiosa” son propósitos difíciles de alcanzar si las instancias gubernamentales solo fijan sus estrategias en la represión policíaco-militar, sin mirar hacia una de las causas de la delincuencia: la exclusión social.

Así lo considera el sociólogo Juan Miguel Pérez, quien se expresó en esos términos al analizar el alcance que podría tener la decisión del Gobierno de enviar tropas militares y policiales a los barrios, con la finalidad de bajarle presión al clima de inseguridad que se vive en el país.

En ese sentido planteó que la medida tiene un carácter conservador, de terrorismo de Estado, y su aplicación muchas veces es la carta bajo la manga que tienen las autoridades de turno cuando suben los picos de la violencia.

“Los barrios, antes de ser victimarios, son víctimas, y esos jóvenes son hijos de la agresión de las clases dirigentes a sus derechos fundamentales, incluyendo los económicos y sociales”.

“Entonces desde 1966 la Policía ha servido para mantener un orden de acuerdo a los criterios de las clases dominantes, por eso es una ley de fuerza, no es comprensiva ni empática, sino sobre la base de macana, porque una visión diferente sería invertir en las causas sociales”.

Asimismo afirmó que esa visión conservadora de enfrentar la delincuencia, basada en el miedo, es mucho más barata que lo que implicaría un modelo sostenible, que es garantizar una escuela que no esté de espaldas a la realidad de los estudiantes, una estructura familiar en la que esté garantizado un ingreso fijo, y no hayan las calamidades que se viven por el hacinamiento agobiante.

Pérez entiende que, para el poder político, es más fácil tomar medidas de ese tipo para aplacar la opinión pública, en lugar de hacer las inversiones sociales que requieren los más desfavorecidos y excluidos.

“Aunque el mundo ha sido concienciado sobre los estragos del neoliberalismo, todavía nosotros estamos viviendo los rigores de esa doctrina que se funda en el sálvese quien pueda, por eso la gente sale con el cuchillo en la boca porque entiende que hay un desamparo total de las instituciones”, refirió.

En cuanto al microtráfico de drogas, como indicador del aumento de la criminalidad, Pérez expresó que, mientras no se mantengan policías de desarrollo dirigidas a las mayorías, lamentablemente esa será la vía que busquen muchos jóvenes para recuperar un poco de dignidad social de la cual el Estado históricamente les niega.

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Promesas de Abinader

El pasado jueves el presidente Luis Abinader anunció el reforzamiento de los planes de seguridad que se desarrollan desde 2021, pero que evidentemente no han sido suficientes para detener los asaltos y homicidios.

Con un discurso enfocado hacia la eficiencia policial, el respeto a los derechos humanos, y el rechazo a las prácticas corruptas en organismos de seguridad, el mandatario aseguró que en su gestión se devolverá la tranquilidad que reclaman los ciudadanos.

Pero apenas 24 horas después de realizar tal promesa, se produjeron tres hechos violentos que dejaron un saldo de tres muertes.

El viernes en la tarde desconocidos atacaron a tres jóvenes que transitaban en un vehículo por la carretera Mella, en Santo Domingo Este. Se trata de Víctor Brahian Sánchez y Fernando Santos, quienes perdieron la vida, y Julio César Marte, quien resultó gravemente herido.

Casi a la misma hora fue asesinado el italiano Lucas Garafalo, próximo a la estación de peaje de Las Américas, mientras se desplazaba en su vehículo.

Y la madrugada del sábado seis personas fueron heridas por desconocidos que, según la Policía, se trató de una acción pagada y es la segunda vez que se comete en contra de las víctimas.

El hecho ocurrió en el Centro Turístico Villa Ureña, en San Francisco de Macorís, y las víctimas son Altagracia Grullón, Wilman González, Plinio Jiménez, Eury del Orbe, Mario Paredes, y dos menores.

Al referirse a esos tres hechos, el presidente Abinader dijo que no son aislados y los vinculó al narcotráfico.

“Para que ustedes sepan y conozcan, del 2004 al 2020 se incautaron 61 toneladas de droga, y en 20 meses se ha incautado esa misma cantidad.

“Evidentemente que eso esta provocando toda esta situación, porque en este gobierno no hay complicidad con la droga, esa es la diferencia, y eso está provocando acciones que la vamos a enfrentar donde sea y como sea, porque aquí no va a haber una paz mafiosa, para decirle a los delincuentes quédate tranquilo y llevemos las cosas mejor, no, aquí no”, expresó el mandatario en un encuentro en Santiago.