Para el economista Bernardo Fuentes es importante que los fondos que recibirá el Gobierno mediante el acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional sean invertidos en proyectos con altas tasas de retorno y que para ello se establezca un programa de supervisión de los gastos y de su recomposición, que se garantice el mayor beneficio posible de la flexibilización fiscal de éste y el próximo años.
Sin embargo, el economista Apolinar Veloz puso en duda que a esos recursos se les dé buen uso, con el argumento de que el Gobierno carece de los mecanismos necesarios para controlar y hacer eficiente el gasto público. Esos mecanismo no existen y yo no creo que sea factible su implementación en un corto plazo, aseveró.
Veloz dijo que para lograr un buen manejo no sólo de los US$1,700 millones que entrarán vía el FMI, sino también de fondos que ingresarán de la banca local y la colocación de bonos en el mercado local y el extranjero por US$5,400 millones; el país necesita una mejor planificación, que según él es lo que no ha existido en esta administración.
En esta administración el dinero se gasta en los sueños presidenciales y los proyectos que pueden servir a la corrupción del tren administrativo, afirmó.
Consideró, por ejemplo, que es imposible hacer un plan de recuperación agropecuaria cuando eso no existe como proyecto, porque no hay metas que justifiquen que el gasto de los recursos públicos dé los resultados proyectados.
Veloz, ex alto funcionario del Banco Central, sostuvo que el Gobierno dispondrá a sus anchas de ese dinero y que no habrá ningún tipo de cortapisas que se le pueda poner.
Afirmó que, independientemente de que no habrá ningún tipo de control sobre la cantidad de dinero que recibirá el Gobierno, se ejercerá un efecto inmediato sobre la economía local; sin embargo, cuestionó qué ocurrirá con la economía dominicana después que se termine ese dinero.
Puede preguntarse cualquiera si la dinamización de la economía será duradera, a partir del gasto de estos recursos y la respuesta va a ser muy ambigua, sostuvo.
Por su lado, Fuentes consideró que por el hecho de que va a entrar a la economía una cantidad de fondos tan importante en un período de tiempo relativamente corto, es necesario que se evalúe el costo que representará tal deuda para el Estado.
Esos recursos hay que pagarlos, y por ende el Gobierno tiene la responsabilidad de asegurarle a la población que serán invertidos en proyectos que permitan en el mediano plazo generar la capacidad de repago de ese mismo endeudamiento.
Ambos economistas fueron entrevistados por separado con relación a la aprobación del Acuerdo Stand-by suscrito entre el FMI y el Gobierno, que permitirá al país recibir US$1,700 millones, y sobre los efectos del mismo.