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POR LEONORA RAMÍREZ S. Y GERMAN MARTE
Un fiscal anticorrupción no tiene razón de ser mientras el Estado se maneje con cuotas clientelistas en detrimento de la institucionalidad, consideró el sociólogo César Pérez al destacar que el sistema político dominicano está corrompido.
Asimismo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños, dijo que en vez de proponer la ruptura de la unidad del Ministerio Público, se debe lograr que éste tenga independencia del Poder Ejecutivo para que sea más eficiente.
Consultados sobre la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, sobre la creación de un fiscal anticorrupción, coincidieron en que lo más importante es fortalecer la institucionalidad.
Pérez manifestó que mientras el Estado se maneje con cuotas de poder no habrá lucha contra la corrupción, porque en un sistema corrompido cualquier acción dolosa queda sepultada en el núcleo de cuotas de poder que se ejerce.
Para que haya una lucha contra la corrupción lo primero que debe haber es reglas, un Estado y un gobierno verdaderos, refirió.
Con esta gimnasia, estos saltos al vacío de la clase política en la búsqueda de paliativos insignificantes uno se indigna, esto del fiscal contra la corrupción no tiene sentido porque el problema de fondo de este país es que la clase política no asume la responsabilidad para la cual la nombran, expresó Pérez al destacar que la falta institucionalidad impide que se asuman las competencias debidas.
Las fallas del ministerio público
Castaños Guzmán sostuvo que, históricamente, el Ministerio Público ha fallado en la acusación contra la corrupción, pero también ha mostrado limitaciones frente a la criminalidad ordinaria y en los casos de agresiones de funcionarios públicos y policiales en contra de la ciudadanía.
En su opinión, los problemas que aquejan a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) no son diferentes de los que afectan a todo el Ministerio Público.
Asimismo, dijo aunque la reforma procesal penal dotó al Ministerio Público de una plataforma legal que lleva a la revitalización de su marco institucional, su estatuto legal es contradictorio y no constituye una garantía para la permanencia, continuidad y consolidación de una institución profesionalizada.
Aunque consideró que ciertas limitaciones del Ministerio Público son organizacionales y culturales, resaltó que otras tienen una marcada connotación constitucional, por lo que propuso que la discusión se produzca en el marco de la reforma constitucional.
La corrupción debe ser enfrentada de manera integral, sin las limitaciones que impone la perspectiva partidista que en ocasiones impide sometimientos judiciales, expresó el vocero de FINJUS.
Recalcó que las influencias indebidas que tradicionalmente ha ejercido el Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público y la DPCA, tiene que ser aminoradas mediante una reforma constitucional que transforme al Ministerio Público en un órgano extrapoder.
LA CONTRADICCIÓN DE LA PROPUESTA
Pérez planteó que es contradictoria la creación de un fiscal anticorrupción mientras los senadores reciben más de un millón de pesos que no contempla la Ley.
Mientras sigamos así, con un presidente que no oye los reclamos de la gente, y una clase política que se une para robarse los dineros del erario público, ninguna instancia de ese tipo puede funcionar.
Aquí lo que debemos discutir es cómo institucionalizar el salario de la gente, porque cómo es posible que un funcionario gane un millón de pesos y otro se aumenta la pensión a RD$450,000.
En ese contexto, el sociólogo consideró que no puede haber lucha contra la corrupción si el sistema es corrupto y corruptor, eso sería la negación de un sistema que funciona de esa manera.
