POR LLENNIS JIMÉNEZ
Tamara Sosa, experta en municipalidad, afirmó ayer que aunque la Secretaría de Interior y Policía sea cabeza del sector municipal y forme parte de la Liga Municipal Dominicana (LMD), se convierte en juez y parte al exigirle a los ayuntamientos rendimiento de cuentas.

Sosa, quien no en su condición de secretaría de Reforma y Capacitación de la LMD, sino como técnico, dijo que los organismos responsables de la auditoría y el control de los cabildos son la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas o la Oficina Nacional de Presupuesto.

Sosa ponderó las declaraciones del secretario de Interior y Policía y presidente ex oficio de la LMD, Franklín Almeyda Rancier, quien antier advirtió que hará valer su autoridad en la Liga para obligar a los ayuntamientos a decirle al país «en qué gastan tantos millones que reciben del Presupuesto nacional».

Empero, la municipalista no cree que la posición del secretario de Interior y Policía  sea considerada una interferencia gubernamental.

Agregó que Interior y Policía forma parte del Comité Ejecutivo de la Liga, por lo que a su entender, las exigencias de Almeyda Rancier son más bien «una solicitud administrativa».

Señaló que la ley faculta al funcionario a solicitarle a los ayuntamientos la petición hecha. Sobre la recordación que hizo Almeyda Rancier a los cabildos de que la ley les prohíbe realizar transferencias de cuentas sin la aprobación de la Sala Capitular, Sosa declaró que todos los ayuntamientos cumplen con ese procedimiento, porque de lo contrario, la Liga no aprueba el uso de los fondos.

Adujo que de acuerdo a  Ley de Secretarías de Estado, los secretarios de Estado tienen facultad para poderle requerir a las instituciones adscritas cualquier solicitud, como una manera de rendirle informa al poder Ejecutivo.

«Particularmente, no veo que haya una interferencia, ahora bien, es hasta cierto punto… Al Interior y Policía formar parte de la Liga y el presupuesto de los ayuntamientos estar sometido bajo la regencia de ellos -del gobierno-, creo que en este caso, Interior y Policía sería juez y parte», manifestó. Tras considerar que en el tiempo que ha tenido trabajando con los ayuntamientos no había visto una solicitud de la manera que la hace el funcionario del gobierno.

Indicó que la Ley 166-03, que especializa los recursos que entrega el gobierno central a los ayuntamientos del Presupuesto de la nación, establece los procedimientos de rendición de cuentas.

Sostuvo que la referida legislación incluye a Interior y Policía, la que como secretaría debe también rendir cuentas a los organismos de control, por ser un organismo centralizado. «Ahora, Interior y Policía es, en este caso, cabeza del sector municipal, porque el presupuesto de los ayuntamientos, la transferencia que hace el gobierno central a los ayuntamientos, lo hace a través del Presupuesto y la Ley de Presupuesto del Sector Público Nacional de la Secretaría de Estado de Interior y Policía».

Explicó que el vínculo entre Interior y Policía y los ayuntamientos se plantea en función de que la primera es un organismo centralizado y los gobiernos locales son entidades autónomas.

Precisó que todo esto se circunscribe dentro del mandato del decreto 685-00, sobre regionalización, donde se establece el procedimiento para vincular las políticas económicas del sector público centralizado con las instituciones autónomas.

En un comunicado enviado a todos los síndicos del país y publicado en la prensa, Almeyda Rancier le solicitó a esos ejecutivos municipales presentar un informe de los recursos recibidos durante el pasado 2005, en cumplimiento a lo establecido en los artículos diez y 11 de la Ley 166-03.

Luego de que le recordara las partidas presupuestarías destinadas a cada gobierno local, el secretario de Interior y Policía le reiteró a los síndicos que la Ley 166-03 señala que los ayuntamientos y las  juntas distritales deben gastar el 25% del presupuesto en pago de personal, el 35% en servicios municipales y gastos operacionales y, el 40% en gasto de capital.